El gobierno de EE.UU. dijo que combatirá “con vigor” el bloqueo de la justicia al decreto del presidente Donald Trump que cerraba las fronteras del país a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, comentó este jueves el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

“Tenemos la intención de apelar esta decisión”, dijo Spicer, después de que el propio Trump anunciara que podría llevar el caso a la Corte Suprema. De acuerdo con el vocero presidencial, “el Departamento de Justicia está determinando el mejor momento; esperamos una acción a la brevedad para buscar una aclaración antes de iniciar una apelación”.

Spicer justificó los decretos, alegando que “el peligro es real y la ley es clara”.

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El presidente “seguirá ejerciendo su autoridad constitucional y su responsabilidad presidencial para proteger nuestra nación”, añadió.

En la víspera, instantes después de que un juez federal del estado de Hawái bloqueara los efectos migratorios el jueves, Trump afirmó durante un acto público en Nashville que defendería su orden ejecutiva hasta donde sea posible.

“Vamos a pelear este fallo, vamos a llevar este caso tan lejos como sea posible, incluyendo todo el camino hasta la Corte Suprema. Vamos a ganar”, aseguró el mandatario, quien también argumentó que la acción “ha sido un exceso judicial sin precedentes”.

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Dos jueces
En total dos jueces federales bloquearon la aplicación del polémico texto por considerar que es discriminatorio hacia los musulmanes.

Uno es Derrick Watson de Honolulu, Hawái, que suspendió la entrada en vigor del decreto, poniendo en duda que el Gobierno estuviera motivado por preocupaciones sobre la seguridad nacional.

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Watson afirmó además que Hawái se vería perjudicado económicamente, ya que el decreto reduciría la entrada de estudiantes y turistas a ese estado y que el decreto viola la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razones religiosas.

El otro juez es Theodore Chuang, quien se pronunció en una demanda entablada en Greenbelt, Maryland, cerca de la capital del país, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones que representan a inmigrantes y refugiados.

Esto constituye un nuevo revés para Trump, quien el mes pasado ya vio coartado por tribunales federales su primer decreto migratorio.

Dinero para muro
Mientras aumentaba el conflicto por el veto al decreto migratorio, Trump dio a conocer el jueves su plan de gasto, en el que están miles de millones de dólares para algunas de sus promesas de campaña más controversiales, incluyendo un pago inicial de 2.600 millones de dólares para un muro fronterizo que, según ha dicho, pagará México.

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No dio muchos detalles, pero deja en claro que su promesa de campaña de combatir la inmigración ilegal es una de las máximas prioridades. Además, pese a que planea recortar el presupuesto del Departamento de Justicia en más de un millón de dólares, Trump solicitó cientos de millones de dólares para contratar 60 fiscales federales y 40 agentes del Servicio Federal de Alguaciles, para enfocarse en procesos fronterizos.

No en tribunales
La titular de la Corte Suprema de California pidió el jueves a los agentes federales que desistan de arrestar a inmigrantes en los tribunales, a fin de proteger su acceso a la justicia. La jueza Tani G. Cantil-Sakauye dijo en una misiva a las autoridades federales que le preocupan informes recientes sobre agentes de inmigración que van a los tribunales a arrestar a los inmigrantes, ya que esto afectará la confianza de la gente en el sistema judicial. (I)