Unos 2.000 deudores de buena fe, y otros 30.000 del desaparecido Banco Nacional de Fomento (BNF) serán los beneficiarios de la Ley Orgánica para la reestructuración de Deudas de la Banca Pública, Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores.

Según el asambleísta Luis Fernando Torres (Cambio-Madera de Guerrero), se logra un beneficio para los deudores, especialmente los que no lograron acogerse en primera instancia a los beneficios de la Ley de Cierre de la Crisis, aprobada en el 2014.

Habrá un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios para que opere el recálculo correspondiente.

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Sin embargo, para el asambleísta de oposición, resulta preocupante que un beneficio para deudores se “haya utilizado también para hacer una serie de reformas a varias leyes, que nada tienen que ver”.

Entre ellos, por ejemplo, el uso de los recursos del Cosede (organismo que garantiza depósitos) y un incentivo para la fusión de cooperativas.

Para Torres, se trata de una ley peligrosa por la serie de reformas y además considera que esta no cierra el problema de la crisis bancaria que se inició hace 18 años.

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El oficialista Carlos Bergmann recordó que el feriado bancario es la “mayor tragedia que ha vivido el Ecuador en su historia” y que con la ley se busca un mecanismo para atender la dura situación que viven cientos de familias por las consecuencias de esa decisión.

La ley autoriza al Banco Central del Ecuador la venta de la cartera a una compañía de cobranzas con participación pública para la gestión de deuda de la banca cerrada. (I)