La fiscal Ruth Palacios solicitó, la mañana de este jueves, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Marco Rodríguez, llamar a juicio a la concejala de Quito, Karen S., a su esposo Omar S. y siete personas más por el presunto delito de asociación ilícita.

La decisión la adoptó la fiscal de Pichincha dentro de la audiencia preparatoria de juicio y de dictamen contra diez procesados por supuestamente haber participado en la oferta de tramitación de licencias de funcionamiento para centros de tolerancia en el sector de la Mariscal, al norte de la capital.

Según la fiscal Ruth Palacios, por el trámite los indagados solicitaban pagos de entre $1.000 y $2.000. La investigación en este caso inició en noviembre del 2015 luego de receptar denuncias de la existencia de supuestos funcionarios que extorsionaban a dueños de centros de tolerancia para que a cambio de dineros se les entregue licencias.

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Palacios acusó a la concejala, que perteneció hasta 2015 de los registros de Alianza PAIS, y a su esposo como autores del delito, debido a que serían "quienes organizaron a un grupo de personas para que visiten centros nocturnos y acuerden reuniones en las que solicitaban altas sumas de dinero para el trámite de las Licencias Únicas de Actividad Económica (LUAE)".

Horas antes de esta decisión, Rodríguez dictó sentencia contra David Ch., único procesado en este caso que se acogió al procedimiento abreviado. El juez, tras revisar el cumplimiento de los requisitos del acuerdo al que llegó el acusado y la Fiscalía, ordenó como sanción para él 18 meses de prisión.

David Ch. fue señalado como cómplice del delito de asociación ilícita. Según la fiscal Palacios, él era el encargado de recolectar los dineros ilícitos que se cobraba por la supuesta tramitación de una LUAE.

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Hasta el momento la diligencia continúa y se espera que el juez Rodríguez emita una resolución al pedido de llamamiento a juicio realizado por la fiscal Palacios. (I)