La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que agrupa a nueve países amazónicos, hizo un llamado a sus Gobiernos, al régimen de China y a empresas mineras de esa nación, para que se respete los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Amazonía.

En el marco de la Asamblea General de la Coica, que inició el martes y termina este viernes, Tuntiak Katan, miembro del pueblo Shuar y dirigente de territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), señaló que discuten temas como la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en sus propios territorios.

"Porque no existe consulta previa, no existe un mínimo consenso, en los bloques petroleros, por ejemplo, en los bloques mineros, por eso, nosotros como organizaciones indígenas organizados, estamos acá para demandar y decir al mundo qué es lo que está pasando en cada país", adujo.

Publicidad

Según Mario Melo, abogado del pueblo Shuar- Arutam, se ha producido el desplazamiento de 35 familias por la concesión minera entregada a la empresa Exsa de capitales chinos.

Melo indicó que unas 80 personas son sospechosas de diferentes procesos penales, en relación a la situación de la comunidad de Nankints -que fue desalojada en agosto de 2016-, a la militarización del territorio shuar, al estado de excepción que estuvo vigente por varios meses.

El pasado 14 de diciembre, un grupo de indígenas shuar irrumpió en las instalaciones de la empresa minera china Exsa en la provincia de Morona Santiago. Los enfrentamientos dejaron un policía muerto y varios heridos. Tras los incidentes hubo un estado de excepción decretado por el Gobierno.

Publicidad

En tanto, Diego Saavedra, especialista de la Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) dijo que tienen listo un informe comparativo que evidencia una visión de gestión territorial que solamente se enfoca en la extracción de recursos naturales, a través de un mecanismo de asociaciones público-privadas o inversión de capitales privados.

"Esta priorización está afectando sistemáticamente derechos, está afectando, por ejemplo, el derecho al territorio colectivo (...) están siendo afectados de manera de desplazamiento...", explicó Saavedra. (I)