La directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Geovanna León, aseguró vía correo electrónico que la eliminación de la deuda por cobrar al Gobierno por $ 2.506,7 millones de los balances mensuales del Instituto se debió a que se quería transparentar las cuentas porque había ese monto ficticio de cuentas por cobrar al Gobierno.

¿Cuál es la situación de los balances del Fondo de Salud del IESS? ¿Por qué no se los ha entregado el Consejo Directivo ni los de diciembre del 2015, ni los del 2016?
La Superintendencia de Bancos solicita estados financieros mensuales (para ello no se requiere aprobación del Consejo Directivo), que son los que se ha entregado, no los balances (consolidados anuales). La ley determina el procedimiento de entrega...

¿Cuándo se los puede entregar?
En estos momentos la Contraloría, por pedido del IESS, está auditando los balances anuales 2015 y 2016, que serán presentados ante el Consejo Directivo, como lo manda la normativa. Nos encontramos a la espera de los resultados. Además se solicitó que especialmente se pronuncie sobre la existencia o no de la “deuda”. La determinación de si existe o no deuda está en manos de la Contraloría que tiene 90 días para pronunciarse, es decir hasta finales de marzo.

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¿En esos balances enviados a la Contraloría consta en $ 2.506,7 millones la cuenta de Deudas por Cobrar al Gobierno del mes de agosto y en $ 0 la de septiembre?
En los estados financieros entregados a la Superintendencia de Bancos se transparentó las cuentas, para no tener montos ficticios que estaban inflando de forma irreal el patrimonio de la institución, debido a que no se tienen sustentos jurídicos o técnicos que respalden el valor que se colocó en la cuenta “Deudas por Cobrar”, (se lo mantenía con base en una proyección).

¿Cuáles son los criterios jurídicos para lo que usted afirma? ¿Según su opinión de quién es la responsabilidad de haber retirado la cuenta por cobrar?
Como antecedentes, en el 2001 se aprueba una Ley de Seguridad Social con clara intención privatizadora en la que se establece que los costos por las atenciones en salud de los jubilados y enfermos catastróficos del IESS (que podían ser jubilados o afiliados) debían ser asumidos por el Estado. La Contraloría en 2013 recomienda crear una comisión interinstitucional del IESS y Ministerio de Finanzas para determinar si existía o no la “deuda” del Estado por atenciones en salud de los jubilados y enfermos catastróficos. Esta comisión concluye que NO existe tal deuda del Gobierno.

¿En qué se basó esa comisión para determinar la inexistencia de la deuda?
Los motivos eran dos: porque los gobiernos anteriores nunca se preocuparon por registrar las atenciones de salud que realizaba el IESS, por tanto no se puede cuantificar, además de carecer de algún respaldo contable; y segundo porque nunca existió el Reglamento a esa ley privatizadora para determinar quiénes y cómo debían pagar (entre el afiliado, el empleador y Gobierno, ya que todos pertenecen al Estado). Los funcionarios únicamente pueden realizar lo que la ley indica, y sin reglamento, es imposible que la institución ejecute procedimientos no determinados. Además se está ejecutando la investigación respectiva para determinar responsabilidades de los funcionarios que inicialmente colocaron valores sin respaldos en dicha cuenta.

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¿Acogerán el pedido de organizaciones sociales de que se haga una auditoría externa de los balances?
El pedido está siendo ejecutado por solicitud del IESS desde diciembre del 2016, por la Contraloría General del Estado, que es una entidad externa a la institución, y cuyas observaciones, una vez entregados los resultados, serán acogidas totalmente por la institución. (I)