La deuda de salud que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se incrementó de $ 2,05 millones a $ 2.506,7 millones en los últimos diez años.

Así se desprende del informe del director del organismo, José Antonio Martínez, cortado a marzo del 2015; y de los estados financieros que hasta agosto del 2016 establecen que dicha deuda estaba en los $ 2.506,7 millones antes de eliminarse.

La deuda se genera, conforme la Ley de Seguridad Social, por las atenciones de salud a jubilados y personas con enfermedades catastróficas.

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Mientras, en el 2006, estaba en $ 2,05 millones, ya para el 2009 llegó a $ 238,2 millones. Según el reporte de Rodríguez, para el 2014 alcanzó $ 479,4 millones; con ello, se estableció que el total era de $ 1.875 millones hasta ese año.

Tal crecimiento se debe a varios factores, según expertos en seguridad social. Entre ellos, la forma de contabilizar la deuda entre el 2001 y el 2006, la mayor oferta de servicios por la posibilidad de derivaciones a clínicas privadas, y el aumento de jubilados por las campañas del sector público, impulsadas por el mismo Gobierno.

El pasado viernes, un grupo de extécnicos del IESS se reunió con el legislador Henry Llanes para aclarar dudas que se han generado sobre la deuda de salud del Gobierno con el IESS, que llegaría a $ 2.506,7 millones hasta agosto del 2016.

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Esto luego de que en septiembre del 2016 esta deuda se eliminará de los balances financieros por parte de IESS con el argumento que es inexistente.

Los expertos aseguraron al asambleísta que existen los respaldos necesarios para poder cuantificar la deuda.

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Alberto Loaiza, exadministrador del área médica, confirmó que del 2001 al 2006 se hicieron cuantificaciones con base en datos de las atenciones.

Y en el convenio de pago de mayo de 2010 se señaló que la deuda del 2008-2009 llegaba a $ 150 millones. Mientras, desde el 2009 al 2016 se cuenta ya con la facturación en cada unidad médica del IESS.

Entre los documentos que respaldan la existencia de la deuda está un examen de Contraloría efectuado entre el 2011 y 2013 en el cual se establece que el Estado incumplió los convenios de pago por desacuerdos en los montos.

Hernán Herrera, quien fue tesorero del Hospital Carlos Andrade Marín, comentó a Llanes que aparte de las atenciones de salud que el Gobierno desconoció, un tema que ha afectado al Fondo de Salud ha sido la disposición de atender a los hijos de los afiliados hasta los 18 años. Esta medida, aseguró, no “cuenta con financiamiento”.

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Llanes entregó el viernes pasado a la Superintendencia de Bancos un pedido de destitución para Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, “por haberse arrogado unilateralmente funciones y atribuciones” al haber anunciado que la deuda de salud es inexistente.

Otras organizaciones de jubilados, trabajadores y empleadores solicitaron al Consejo la entrega de los estados financieros del IESS, lo cual no ocurre.

Espinosa espera que la Contraloría se pronuncie. (I)