Los cuerpos legislativos del país bien se pueden dividir en dos grandes momentos desde el retorno a la democracia en 1979 con la elección de Jaime Roldós como presidente, según coinciden analistas.

Hay un primer gran periodo, de 1979 hasta 2006, marcado por la inestabilidad política que incluso llevó a la destitución de presidentes con mayorías móviles en medio de un exceso de fragmentación. Teodoro Verdugo, profesor investigador de la Universidad de Cuenca con un PhD en Ciencia Política, afirma que “tras la dictadura militar se trató de establecer un legislativo modernizado en virtud de lo que era la democracia representativa de aquellos tiempos con desempeño racional de sus actividades”. Sin embargo, dice Verdugo, las reformas realizadas entre 1982 y 1983 marcaron “un desempeño ya errático del Legislativo, lo que trajo como consecuencia que por lo menos desde 1979 hasta 2007 tengamos un legislativo con muchos partidos políticos, con representación muy dispersa, un sistema de partidos fragmentado”.

La conflictividad de estas décadas se dio en parte debido a que los regímenes de turno no contaron con una mayoría en el entonces Congreso Nacional. Esto con la excepción de Roldós al inicio de su gobierno mientras mantuvo buenas relaciones con su tío Assad Bucaram y los dos años de gobierno unificado, entre 1988 y 1990, de Rodrigo Borja, que contó con una mayoría conformada entre la ID y la otrora Democracia Popular, dice Simón Pachano, catedrático de la Flacso. Situación que varió con las elecciones legislativas de 1990.

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Con la llegada de Rafael Correa al poder, en 2007, se da un quiebre. Su proyecto político, que arrancó sin la presentación de candidatos a la legislatura, ha tenido en la dirección de la Asamblea al movimiento Alianza PAIS (AP), salvo en el Congreso del 2007 que a los pocos meses fue reemplazado por el denominado “Congreso de los manteles”, el que dio lugar a la Asamblea Constituyente de 2008 dominada por el oficialismo en un 75%.

Estar al frente de la Asamblea no le garantizó al oficialismo la aprobación de todas las normas que tenía en su plan y tampoco usó esa mayoría para sancionar políticamente a funcionarios (cerca de 20 funcionarios fueron sometidos a fiscalización con miras a juicio político, pero solo uno fue destituido).

Aunque en la Constituyente, la mayoría oficialista con 80 votos puros y otros aliados logró la aprobación de la nueva Constitución, en el periodo legislativo que le siguió del 2009 al 2013, con 59 asambleístas y una oposición aún no tan reducida en número (PSP tenía 19 asambleístas, MG-PSC 11, entre otros) no le fue fácil aprobar el cuerpo de leyes que normaban la nueva Constitución.

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AP, con Fernando Cordero al frente del bloque y de la Asamblea, tuvo que contar con el criterio de otros asambleístas que no pertenecían a su bloque para tomar decisiones y obtener los votos necesarios. Situación que cambió en el periodo 2013-2017, cuando el oficialismo llegó con cien votos puros.

En este periodo que termina, el bloque de gobierno aprovechó su mayoría que superó las dos terceras partes para aprobar las leyes rezagadas desde 2009, como la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos que habían alcanzado gran resistencia. La producción jurídica fue vasta en esta última etapa. En total se aprobaron 61 leyes de las que 41 son orgánicas.(I)

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El Legislativo requiere de una agenda que permita un desarrollo institucional y recupere la independencia de poderes en el país”.Julio Echeverría, Analista