Unos $ 88,3 millones que iban a ser asumidos por las empresas licoreras, tabacaleras y cerveceras nacionales para la implementación del Sistema de Identificación, Marcación, Autenticación y Rastreo (Simar) de esos productos ahora serán pagados por el propio Estado.

Así lo indicó ayer Carlos Vallejo, director nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas (SRI), al sostener que las 14 empresas que deben someterse a tal control ya no tendrán que pagar “ni un solo centavo” por la aplicación de la etiqueta.

Ayer mostró un oficio del Ministerio de Finanzas que establece Certificación Presupuestaria Plurianual para el Simar del 2017 al 2022.

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El tema del pago de $ 0.0108 que debía hacer cada empresa por cada uno de los $ 1.200 millones de productos que se fabrican a nivel nacional anualmente fue uno de los puntos criticados por Cervecería Nacional (CN), que ha interpuesto una demanda en contra de la adjudicación de este control a la empresa Sigpa Ecuatrace. La empresa ha tenido problemas legales en Brasil, pero aún sin sentencia definitiva.

Sobre la decisión del Ministerio de Finanzas y del SRI de asumir el pago, Marco Elizalde, abogado de CN, indicó estar de acuerdo, pues era ilógico que el propio controlado pagara a su controlador.

Cervecería iba a ser una de las empresas que debía asumir un costo más alto por este servicio pues, según los datos del SRI, existen al año 1.000 millones de productos en cerveza, 150 millones en tabacos y 50 millones de productos de licores ecuatorianos.

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Vallejo comentó que no ha sido por presiones de Cervecería que se ha dejado de cobrar a las empresas este costo. Sin embargo, aclaró que para el Estado no significa una pérdida, pues calculan poder recaudar $ 400 millones más en los cinco años, producto del mejor control y debido a que por combate al contrabando la industria nacional podrá vender más.

Ayer se realizó en el Tribunal Contencioso de Guayaquil una audiencia dentro de la demanda de Cervecería en contra de la adjudicación del contrato a Sicpa, argumentando que hubo irregularidades en el proceso. El Tribunal no aceptó la excepción que había propuesto el SRI en el sentido de que CN no tenía interés directo en el tema. (I)