Las empresas pertenecientes a la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile) empezaron desde ayer a emitir en toda su producción el distintivo CFS (Componente Físico de Seguridad) del Sistema de Marcación, Autenticación, Identificación y Rastreo (Simar). Se trata de una suerte de timbre o etiqueta que se coloca a toda botella producida, a fin de evitar la evasión tributaria. Así lo confirmó ayer Gustavo Landívar, presidente de Adile.

El empresario indicó que la industria licorera del Ecuador ha estado impulsando durante años este control, debido a que son afectados por la falsificación y adulteración.

Explicó que al ser la industria continuamente gravada con impuestos, se ha convertido en un sector atractivo para la falsificación.

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Por ello, cree que este tipo de control ayudará tanto a evitar la falsificación, la evasión de impuestos y a garantizar la calidad a los consumidores.

Explicó que de acuerdo con los plazos, desde ayer el CFS debe ir en cada botella que sale de planta, pero a partir del 1 de julio se deberá tener dicho distintivo en las botellas que se encuentran en las tiendas. De lo contrario serían incautadas.

El pasado 12 de julio el Servicio de Rentas Internas suscribió un contrato por $ 73 millones con el consorcio Sicpa Ecuatrance, conformado por las empresas Sicpa Security Solutions y Sicpa S.A. para la implementación del Simar.

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Sin embargo, Cervecería Nacional rechaza el proceso, e incluso interpuso una demanda contra el SRI para pedir información sobre el proceso de adjudicación a la empresa brasileña Sicpa Security Solutions.

Es que Sicpa es también proveedora del sistema de marcación Sicobe en Brasil , el cual ha sido cuestionado debido a su alto costo para las industrias reguladas, así como por presuntos vicios de corrupción en su contratación por parte de las autoridades brasileñas.

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El pasado 11 de enero del 2017 se hizo pública la orden de prisión preventiva en contra de servidores públicos y ejecutivos de la empresa.

Cervecería Nacional ha lamentado que se les obligue a incorporar esta medida de control que le cuesta a cada empresa 1,2 centavos por botella.

Hoy está prevista una audiencia en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil para analizar el caso. (I)