Tres consultas nacionales en una década en Ecuador

Rafael Correa despide su mandato de la misma forma en que lo empezó: con una consulta popular para validar una tesis política. A lo largo de más de diez años de Gobierno se realizaron tres plebiscitos nacionales y otros locales sobre temas específicos.

En la campaña del 2006 Correa dijo que, apenas asumiera el poder, convocaría a una consulta para preguntarle a la población si estaba de acuerdo con instalar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución; esto porque, a su criterio, el país necesitaba una reforma política.

La consulta se realizó el 15 de abril de 2007, tan solo tres meses después de su posesión.

El 81,72% de los electores se pronunció a favor.

El 30 de septiembre de ese mismo año se eligieron a los asambleístas constituyentes que finalizaron su tarea el 24 de julio del año siguiente.

La población volvió a las urnas el 28 de septiembre para decidir si aprobaba o no la Carta Magna de Montecristi.

El 63,93% dijo Sí, con lo que el texto constitucional entró en vigor el 20 de octubre de 2008. Es decir que a Correa le tomó un poco más de 20 meses consolidar su proyecto político.

Aunque el oficialismo indicó que la nueva Constitución duraría “300 años”, apenas tres después, el 7 de mayo de 2011, hubo nuevo referéndum para modificarla en aspectos relacionados con la justicia.

Dos de los principales temas fueron la integración del Consejo de la Judicatura y la caducidad de la prisión preventiva.

En ese mismo paquete, a manera de consulta popular, se incluyeron otros temas, como la prohibición de corridas de toros y los juegos de azar, y la aprobación de una Ley Orgánica de Comunicación.

En total, hubo diez preguntas (cinco de referéndum y cinco más de consulta).

El Sí ganó en las nueve preguntas de carácter nacional con al menos el 45%.

Aparte, el Ejecutivo llamó a las urnas para definir la pertenencia de dos zonas: La Manga del Cura y Las Golondrinas.

Para los comicios de hoy, en cambio, Correa convocó a la ciudadanía a que se pronunciara sobre esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”

La propuesta surgió luego de que los llamados ‘Panama Papers’ revelaran que varios funcionarios de este y otros gobiernos de la región tenían compañías en paraísos fiscales.

Desde el régimen se impulsó el denominado ‘Pacto ético’; pero la oposición consideró que la consulta estaba dirigida a algunos candidatos. (I)