Seis meses de investigaciones por el delito de cohecho en Petroecuador terminaron, el miércoles último, con gritos calificando de “corruptos” a los integrantes del Tribunal, anuncios de apelación a la sentencia de las partes y demandas contra el Estado por mantener a un presunto inocente preso por casi seis meses.

En la audiencia, una de las partes que apeló la sentencia del Segundo Tribunal Penal de Pichincha fue Petroecuador, empresa pública definida como la víctima en este caso. El abogado de la petrolera, Juan Carlos Paredes, señaló verbalmente que apelaba el fallo, en lo que respecta a la reparación integral fijada por los jueces.

Minutos antes, el juez ponente Daniel Tufiño explicaba que junto a la pena de cinco años para los diez procesados como autores del delito de cohecho, y los dos años y medio de cárcel que se definía para seis en calidad de cómplices, también se fijaba que los autores debían pagar a Petroecuador una indemnización de $ 25 millones y los cómplices, el 50 %.

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El fiscal Juan Carlos Zúñiga, dos días antes de la sentencia, fue quien pidió a los jueces que otorguen la reparación integral y que sea Petroecuador la que la defina. Paredes adelantaba que cualquier cifra iría de $ 12 millones a $ 258 millones.

Para cumplir con el pago para autores y cómplices, el Tribunal ordenó en su sentencia el comiso de bienes y la incautación de cuentas.

La multa para autores fue definida por el Tribunal en doce Salarios Básicos Unificados (SBU), mientras que para los cómplices, en diez SBU.

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Diego Velasco, abogado de Bravo, espera que se le notifique por escrito la sentencia para saber cuál es el argumento en el que se basa el Tribunal para determinar la reparación integral. Él fue uno de los doce abogados, que de forma verbal, apeló la sentencia en general. Todos consideraban que el fallo no valoró las pruebas.

Tufiño definió la calidad de autores de los exgerentes de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuzzelli y Álex Bravo, y de los asesores petroleros Arturo E. y Paquita de M. porque habrían creado en Panamá cuentas y las offshore Girbra, Escart y Capaya, para recibir y transferir dineros producto del cohecho.

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A la lista de autores también sumaron los jueces a seis contratistas de Petroecuador a los cuales se les relaciona con la transferencia de dineros desde las cuentas de las empresas MMR Group, Grupo Azul, Galileo Energy, Sentinel, Arkdale Invesment y Liskard Fundation a las tres offshore de los exfuncionarios petroleros.

Aunque el Tribunal ordenó la libertad inmediata de Javier B., gerente de Oil Services & Solutions, quien fue uno de los dos declarados inocentes, hasta ayer él aún se mantenía en el Centro de Detención Provisional de Quito. Un total de seis meses ha estado detenido.

Lorena Grillo, abogada de Jaime B., dijo que a su defendido se le han violentado muchos de sus derechos, entre ellos el de libertad, y anunció demandas contra el Estado.

Casos
Hasta el momento, la Fiscalía mantiene abiertas 39 investigaciones que tienen relación con hechos de corrupción en la estatal petrolera Petroecuador.

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Delitos
Enriquecimiento ilícito (3), peculado (2), lavado de activos (2) son tres de los nueve delitos que la Fiscalía investiga y tienen más instrucciones fiscales en marcha. (I)