La respuesta al pedido presentado la noche del sábado pasado por el gobierno de Donald Trump para que se restablezca de inmediato un decreto antiinmigración que fue bloqueado por un juez federal el día anterior, no tardó y horas después un tribunal lo negó.

El dictamen de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. dejó nuevamente sin efecto el polémico decreto de Trump que prohibía el ingreso de refugiados sirios y ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, quienes ayer seguían llegando a EE.UU.

El decreto ejecutivo ha desatado una batalla jurídico-política que ya ha sido descrita como una confrontación épica entre Trump y la Constitución.

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En un comunicado, el Gobierno defiende enérgicamente que solo el presidente tiene autoridad para decidir quién puede ingresar o quedarse en el país y afirma repetidamente que la autoridad presidencial no puede ser cuestionada por los jueces una vez que se menciona la seguridad nacional.

El fiscal general del Estado de Washington, Bob Ferguson, indicó que el decreto viola los derechos constitucionales de los inmigrantes.

“Los argumentos (políticos) dejaban que desear”, dijo Stephen Hadley, consejero en seguridad bajo la presidencia del republicano George W. Bush.

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Para muchos, la suspensión del decreto ilustra la falta de coordinación del equipo de Trump. La Casa Blanca aplicó una política voluntarista sin tener el consenso suficiente. Según medios, el jefe del Departamento de Seguridad Interior, John Kelly, se quejó de haber sido puesto al frente del decreto cuando la decisión ya había sido tomada por la Casa Blanca.

La Corte de Apelaciones pidió tanto al estado de Washington como al gobierno que presenten hoy más argumentos.

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“Ganaremos...”, dijo Trump el sábado horas antes de sufrir el nuevo revés, (I)