Analizan medidas contra las ‘ciudades santuario’ en Texas

Una comisión del Senado de Texas aprobó ayer una propuesta de ley sobre las llamadas ciudades santuario, que busca negar fondos estatales a aquellas jurisdicciones locales que no entreguen a los agentes federales a aquellos inmigrantes que tengan detenidos para su posible deportación.

Esto se da en el marco de las nuevas políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien fue muy claro al decir que quitará el respaldo financiero federal a las ciudades que quieran tener el calificativo de “ciudades santuario”, un término que no tiene definición oficial, pero a menudo significa que una ciudad coopera poco –o no lo hace– con las autoridades federales de inmigración en algunos asuntos relacionados con personas que viven en EE.UU. sin autorización.

La propuesta pasa ahora al pleno del Senado estatal, donde se espera una votación la semana próxima. El gobernador Greg Abbott ha promovido el proyecto de legislación como una forma de deportar a delincuentes que además residen ilegalmente en EE.UU.

Abbott ya ha ordenado la retención de 1,5 millones de dólares destinados al alguacil del condado de Travis, porque ha dicho que las cárceles en Austin, capital del estado, no acceden a la mayoría de los pedidos de detención de las autoridades de inmigración. Esos fondos son para educación sobre violencia doméstica y una corte especial para veteranos. Abbott advirtió que puede retener aún más fondos.

Los oponentes a la medida alegan que si las policías locales asumen tareas relacionadas con inmigración, solo ahuyentarían a los inmigrantes irregulares por temor a deportación, cerrando la puerta de cooperación con agencias del orden.

En tanto, el pasado jueves en la noche se conoció que las cortes de inmigración de EE.UU. cambiarán de proceder para concentrarse más en audiencias de deportación de inmigrantes encarcelados por el Gobierno federal. La nueva política dará menos prioridad a los casos de menores y familias detenidos en la frontera con México y después liberados.

La magistrada presidenta de Inmigración, MaryBeth Keller, dijo que la máxima prioridad de los jueces de Inmigración será agendar audiencias rápidas para cualquiera que esté detenido. Eso podría liberar espacio en un sistema carcelario para migrantes que ya sobrepasa con creces su capacidad, señalaron abogados del sector.

La medida ocurre días después de que el presidente, Donald Trump, anunciara planes de intensificar la aplicación de las leyes de inmigración y aumentar las detenciones.

En medio de una oleada de decenas de miles de inmigrantes llegados a la frontera en los últimos años, el retraso en los tribunales especializados ha superado los 533.000 casos. El volumen del trabajo atrasado implica que muchos podrían esperar años a tener una decisión judicial definitiva.

Meeth Soni, abogada del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, dijo creer que las autoridades migratorias quieren acelerar los casos para liberar espacio en las cárceles: “En anticipación de un incremento en las detenciones, y de esos procesos, básicamente van a tener que hacerlo una prioridad para el tribunal”. (I)