La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue citada este viernes para declarar el próximo mes ante un juez en una causa por presuntos sobornos a un empresario, revelaron fuentes judiciales.

Fernández, una peronista de centroizquierda, está imputada en otras tres causas judiciales, hechos que suele atribuir en sus cuentas de las redes sociales a una "persecución política" por ser opositora al gobierno del presidente Mauricio Macri, líder de una alianza centroderechista.

El juez Claudio Bonadio la convocó para tomarle declaración indagatoria el 7 de marzo. Fernández intentó varias veces impugnar judicialmente a Bonadio tras denunciarlo por lo que llama una "enfermiza animosidad" contra ella, pero los recursos han sido rechazados.

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El caso de los sobornos es una investigación de supuestos pagos de "coimas" de la exmandataria a un empresario de la provincia de Santa Cruz (sur). Según Bonadio, hubo también "lavado de dinero" en la cuenta de la compañía hotelera de la familia Kirchner en la localidad patagónica del Calafate.

Las presuntas "coimas" las habría cobrado el empresario patagónico Lázaro Baéz, quien está detenido desde 2015.

En una segunda causa contra Fernández, otro juez la investiga por presunto intento de encubrimiento de exgobernantes iraníes, sospechosos de ordenar el atentado contra el centro judío AMIA hace 23 años con saldo de 85 muertos y 300 heridos.

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La acusación se basa en haber impulsado en 2013 la firma de un tratado con Irán para formar una comisión internacional investigadora del ataque. El memorándum argentino-iraní tuvo un aval mayoritario del Congreso en Buenos Aires, incluso de legisladores que apoyan ahora al macrismo, pero Teherán nunca lo revalidó.

La comisión internacional nunca se constituyó y las alertas rojas de Interpol para arrestar a los iraníes jamás dejaron de estar vigentes.

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La tercera causa contra Fernández, en otro juzgado, es por presunta "asociación ilícita" y haber favorecido a Báez con obras públicas. Fernández ha dicho que la figura penal de asociación ilícita fue "creada por gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores".

La cuarta imputación contra Fernández es por presunto perjuicio al Estado con operaciones cambiarias del Banco Central. La defensa de la expresidenta apeló la imputación con el argumento de que no existe ninguna figura delictiva en el código penal que condene aplicar medidas para evitar una devaluación de la moneda. (I)