Una "detención arbitraria" es lo que alega la defensa de Javier B., gerente de la empresa Oil Service & Solutions (OSS), quien es parte de la lista de 18 llamados a juicio por el delito de cohecho, para presentar una acción de Hábeas Corpus que permita la libertad del procesado.

El pedido llega a 169 días de que fue detenido Javier B., dentro de una investigación por el presunto delito de cohecho, el cual se desprendería de actos de corrupción al interior de Petroecuador. Por cohecho, él y doce personas más fueron llamadas a juicio, el 25 de enero, como autores directos y cinco como coautores del delito.

Milton Castillo, defensa del contratista, aseguró que es necesario que otro juez analice el proceso de detención que se dio en Quito contra su cliente, en agosto pasado. Según argumentó, el auto de prisión preventiva solo repite lo que dice el fiscal y el fiscal no argumenta nada, ni presenta elementos que relacionen de alguna manera a Javier B. con los hechos que se investigan.

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"Lo único que se ha hecho (para detener a Javier B.) es replicar por parte del juez lo que dice el fiscal y el fiscal, a su vez, lo que dice el secretario jurídico de la presidencia de la República (Alexis Mera). A pesar de que se menciona a Javier B., no se da un solo elemento para demostrar algún tipo de participación en un delito que no existe", dijo.

La acción constitucional de Hábeas Corpus fue presentado este jueves en la Sala de Sorteos de la Función Judicial e inmediatamente se definió a la jueza de la Unidad Judicial Civil, Lisbeth Ron Cadena, como la autoridad que resolverá la supuesta detención arbitraria ordenada por el juez de flagrancia Diomedes Lasso.

Para Gracia de Baquerizo, pareja del procesado, lo único que ha hecho su esposo es firmar legalmente contratos con Petroecuador, los cuales, aseguró, han sido cumplidos e incluso han recibido felicitaciones de parte del presidente de la República, Rafael Correa. Ella cree que Javier B. ha sido tomado como un chivo expiatorio en este caso.

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El pedido de Hábeas Corpus se da a pocos días de que Karen Matamoros, jueza que lleva el proceso por cohecho, durante la lectura de la resolución con que llamó a juicio a los 18 procesados, advirtió a las autoridades judiciales de la cercanía de la caducidad de la prisión preventiva de seis meses que pesa contra Javier B.

Al existir la probabilidad de que llegue la caducidad de la prisión preventiva antes de que el procesado sea juzgado y con ello poner en riesgo la comparecencia del mismo al juicio, Matamoros indicó en audiencia que se deben dar las facilidades y la colaboración que el caso amerita para que se evite la caducidad. (I)