Luego de que debido al retraso de una representante de la Procuraduría del Estado, se difirió el martes la audiencia preparatoria de juicio contra Álex Bravo, exgerente de Petroecuador -investigado por el delito de enriquecimiento ilícito-, la Procuraduría sancionó disciplinariamente a la funcionaria y aclaró que no existió "fundamento legal" que impidiera que la jueza Ana Lucía Cevallos instale la diligencia.

La información la hizo conocer este miércoles la Procuraduría mediante un boletín de prensa titulado: "No hubo fundamento jurídico para suspender audiencia en caso Petroecuador".

La institución reconoce que existió un retraso de la servidora pública que representaba a la Procuraduría, pero indica que fue "evidente y notorio" que a la hora señalada para la audiencia concurrieron todos los sujetos procesales que tenían vinculación directa con el caso: Fiscalía, procesado, defensa del procesado, y el representante jurídico de Petroecuador, empresa pública afectada o víctima del delito.

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Según la Procuraduría, al estar presentes los sujetos procesales del caso, no existía razón legal que constituya fundamento que impida la instalación de la audiencia.

Diego Velasco, abogado de Bravo, advirtió el martes a Cevallos de que la no presentación de la Procuraduría, quien había sido convocada a la audiencia como parte procesal, podía generar una nulidad posterior.

La jueza se tomó 15 minutos para decidir y para no vulnerar derechos del procesado o generar alguna apelación futura decidió no instalar la audiencia. Cevallos resolvió pese a que en el momento de la decisión, 30 minutos después de la hora de convocatoria, la representante de la Procuraduría ya estaba en la sala de la Unidad Judicial. (I)