“Esperábamos que alguien nos informe, los familiares estamos pendientes de que se resarza la dignidad de los internos, pero no supimos de la audiencia”, manifestó ayer César Zea, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Cuenca, quien asesora a los internos del Centro de Rehabilitación Social Turi Centro Sur, de esta ciudad.

El activista se refirió a la audiencia del jueves pasado, en la que se acusó a 46 policías de Cuenca por presumir que torturaron a un grupo de personas privadas de la libertad (PPL) el 31 de mayo pasado.

La Fiscalía del Azuay formuló los cargos y la Unidad Judicial Penal de Cuenca, con William Sangolquí presidiendo la audiencia, dispuso la prohibición de salir del país a los acusados y que se presenten una vez al mes ante la autoridad, mientras avanza la etapa de instrucción fiscal.

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En la audiencia, el fiscal del caso dijo que el día del incidente, la Policía solicitó realizar un operativo para buscar objetos prohibidos en las celdas. A las 09:30, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), al mando de cuatro oficiales, un mayor y tres subtenientes, inició la diligencia en el pabellón de mediana seguridad.

El informe señala que ese día por la fuerza y con golpes los PPL fueron sacados a un patio y habrían sufrido distintos tipos de abusos, entre esos insultos, golpes con toletes, entre otros.

Según versiones recogidas en el informe, se usó gas lacrimógeno y hubo lesiones que causaron hasta cinco días de incapacidad. El delito de tortura estipula hasta 13 años de cárcel, según el COIP. (I)