Me quedo muy preocupado. Los candidatos, al menos cuatro de ellos, no respondieron a las preguntas que les hizo la moderadora sobre temas cruciales, como qué opina el candidato sobre los montos invertidos en la publicidad oficial, o si es que se va a seguir usando los espacios mediáticos a los que tiene hoy acceso el Estado a través de las leyes para los mismos propósitos que los usa el régimen actual, o cuál es la postura acerca de la criminalización de la protesta social.

Todos tienen una carga demagógica con la propuesta de eliminar la ley de comunicación, pero los problemas de la libertad de expresión y opinión en este país son mucho más serios. Empiezan justamente por la idiosincrasia de nuestra clase política, que no tolera la crítica; y el mecanismo de control idóneo en una sociedad democrática frente a los actos del poder público es justamente la libertad plena de expresión, dijo el abogado Juan Pablo Albán.

Al único que escuché un poco más coherente fue al señor (Guillermo) Lasso, aunque tampoco contestó su pregunta, quien dijo que si hubiera una ley de comunicación, esta debería tener un solo artículo, que reafirme la naturaleza de derecho humano que tiene. Me resulta curioso que un excanciller de la República como Patricio Zuquilanda ni siquiera sepa en qué tratados internacionales está recogido el derecho y los nombre mal, habló de la carta de San José. Me resulta curioso que el doctor Pesántez se contradiga, que primero mencione que la libertad de expresión no es una concesión, sino un derecho, y luego diga que hay que rescatar los medios de comunicación de manos privadas. Resulta curioso que el candidato Moncayo hable del oligopolio gubernamental de los medios y de cómo el Gobierno querría apoderarse con el proceso de adjudicación de frecuencias, sin entender lo que está detrás respecto a los medios cumunitarios.

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Medios incautados y públicos

Los Isaías ganaron un proceso parcialmente en las Naciones Unidas. Es sospechoso que se hable de la venta de los medios incautados porque al Estado le tocaría reparar a los hermanos Isaías. Esto amerita por lo menos una revisión al proceso de incautación. El debate fue muy pobre en esta materia. Ninguno de ellos abordó el proceso de judicialización a los líderes de opinión. Ninguno abordó qué medidas se tomarán para garantizar la autonomía en la línea editorial de los medios públicos, para que no sean simplemente replicadores de propaganda estatal, más allá de sus fuentes de financiamiento y a quiénes debe pertenecer, si una parte a las universidades, a la sociedad, a la Asamblea. Son propuestas huecas, expresó finalmente Juan Pablo Albán.