El término paraísos fiscales tiene una carga negativa, según la analista Gabriela Calderón, quien sostiene que es una mala traducción de lo que en inglés se conoce como tax haven y que lo correcto es refugio fiscal.

Explica que gobiernos que no creen en la libertad económica optan por asfixiar a los ciudadanos con una carga tributaria, creando una especie de “infierno tributario”, ante lo que surgen como oportunidades de protección los refugios fiscales. Cree que definiciones como las que hace el SRI de paraísos fiscales son arbitrarias.

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“El Gobierno se está yendo no solo en contra de los evasores, que de hecho están cometiendo un delito, sino en contra de la elusión fiscal, que es un derecho y totalmente legal”, dice al reflexionar sobre la libertad de la gente de usar herramientas legales para reducir su carga tributaria.

Más allá de que la ciudadanía esté informada o no sobre la consulta popular dice que “hay cosas que no deben ser sometidas a votación y que deben ser defendidas como derechos inalienables, sin importar lo que diga una mayoría, y eso incluye el derecho de las personas a hacer lo que quieran con su propiedad cuando ya han cumplido con sus obligaciones legales”. (O)

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