Tras años de polémicas, la ministra española de Defensa, María Dolores Cospedal, reconoció por primera vez este miércoles la responsabilidad política de su ministerio en el accidente de un avión Yak-42 ocurrido en Turquía en 2003, que le costó la vida a 62 militares españoles.

"Hay reparaciones que no son económicas, que tienen que ver con reconocimientos", declaró la ministra conservadora a la radio Cope, al día siguiente de una reunión con familiares de las víctimas en Madrid.

El accidente del trirreactor ucraniano Yakovlev YAK-42, el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (noreste de Turquía), se saldó con 75 muertos, entre ellos 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.

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El aparato había sido fletado por una compañía ucraniana, contratada por el ministerio.

El suceso derivó en un gran escándalo al final del mandato del jefe de gobierno conservador José María Aznar (1996-2004), cuando las autoridades civiles y militares recibieron acusaciones de ignorar las denuncias de militares españoles del precario estado del avión ucraniano.

Poco después hubo una segunda polémica en torno a la identificación errónea de 30 víctimas, lo que desembocó en la condena a penas de prisión en 2009 de tres altos mandos militares.

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Por su lado, el Consejo de Estado, estimó en un dictámen adoptado en octubre y publicado recientemente que el ministerio de Defensa tuvo una responsabilidad "patrimonial" en el accidente.

El documento reavivó una polémica incómoda para el Partido Popular (PP), en el poder en el momento de los hechos y en la actualidad.

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La oposición no tardó en exigir el cese "fulminante" de Federico Trillo, por entonces ministro de Defensa y actualmente embajador en Londres. La cancillería indicó que próximamente será relevado, no por esta polémica sino porque se terminó el tiempo de su misión.

Cospedal asumió la interpretación del Consejo de Estado, declarando este miércoles que según el dictámen "hay una relación entre el funcionamiento del ministerio de Defensa y la tragedia que ocurrió".

Además, se comprometió a "encontrar todos los documentos" relacionados con "las contrataciones que se produjeron", aseveró.

Dicho reconocimiento político no tendrá consecuencias pecuniarias ni penales, puntualizó la ministra, recordando que los familiares de las víctimas ya fueron indemnizados.

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El gesto, por tanto, es meramente político, después de que durante años los conservadores se negaran a admitir la más mínima responsabilidad en los hechos.

"Por primera vez se ha reconocido que el YAK-42 nunca tuvo que despegar", se congratuló el martes en rueda de prensa Curra Ripollés, portavoz de la asociación de familiares de las víctimas. (I)