Carlos Pólit aspira a la reelección como contralor general del Estado. Tiene casi diez años en funciones y, de ser reelecto, se quedaría cinco más. Rechaza las críticas de sectores de oposición en el sentido de que no ha combatido eficazmente la corrupción, especialmente en el sector petrolero, en el que la Fiscalía investiga supuestos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado cometidos por altos funcionarios estatales.

Pólit dice que las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Contraloría le restaron la facultad de auditar los procesos precontractuales, lo cual habría servido para evitar “equivocaciones” en las contrataciones.

P: ¿Cómo evalúa sus casi diez años al frente de la Contraloría?

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R: La Contraloría ha hecho un trabajo técnico alejado de intereses y posiciones políticas. En todos estos años, ¿quién ha dicho que se lo investiga por persecución? En estos nueve años hemos hecho 23 mil informes de auditorías, una cifra récord. Hemos auditado a cuatro gobiernos (Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa) y hemos sancionado a más de 11 mil funcionarios (con glosas o destituciones). Es una institución que ha revelado casos de corrupción importantes, más de 700 todavía están por resolverse en la Fiscalía y la justicia... En mi gestión se ha modernizado la institución, se han implementado sistemas informáticos actualizados, se ha renovado el talento humano y se ha creado un sistema descentralizado de acciones de control para que las regionales pueden determinar responsabilidades; también hay descentralización financiera y administrativa, y los informes de las auditorías están en la web, excepto los indicios penales.

P: De esos informes, ¿cuántos determinaron indicios de responsabilidades civiles, administrativas y penales?

R: Tenemos 2.100 informes con indicios penales que corresponden a $ 1.000 millones, hacerles seguimiento ha sido una labor tediosa, complicada. El fiscal dice que cuando llegó no sabía ni quién tenía las denuncias de la Contraloría, por eso se creó un sistema informático que ha dado un poco más de agilidad... Los casos de responsabilidades civiles y administrativos están en los tribunales contenciosos, ahí tenemos más de 2.400 casos demandados contra el contralor y sus funcionarios... Debemos seguir batallando porque la Contraloría tiene que recuperar fondos públicos mal usados... Hemos ganado más del 90% de procesos anteriores y se recuperaron más de 400 millones en glosas.

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P: En los casos penales, ¿cuántas sentencias hay?

R: Pocas, no más de 300. En algunas se ha liberado al observado de culpas y otras están en diferentes instancias. En muchos casos la Fiscalía pide órdenes de detención y en otros no... Nosotros damos indicios, todo queda en manos de la Fiscalía y de los jueces.

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P: Desde hace varios años usted se queja de que sus informes quedan en nada...

R: Me quejo desde el 2008 porque no hay detenidos ni presos a pesar de los informes contundentes. Reclamamos más agilidad porque si la Fiscalía no resuelve debo tener un equipo de abogados permanentemente presentando escritos para que despachen. Recién se ha implementado este sistema que ha mejorado un poco el tema.

P: Si los trabajos de la Contraloría quedan en nada, ¿por qué quiere reelegirse?

R: Los cambios que perduran son los que se hacen con paciencia y humildad, pero sobre todo con firmeza, y ese es el camino que recorro. Hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, esperar que la Corte Constitucional resuelva las demandas presentadas por las enmiendas y he querido perfeccionar la auditoría forense, así como impulsar la defensa de la Contraloría en todos los casos que le comenté.

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P: ¿Cree que la Contraloría ha hecho un efectivo combate a la corrupción cuando se han hecho públicos malos manejos en sectores estratégicos como el petrolero? ¿Por qué no alertaron sobre lo que estaba pasando?

R: ¿Por qué están presos los implicados en Petroecuador? Por los informes de Contraloría. Cuando saltó esto en los medios la Contraloría llevaba ya cuatro o cinco meses auditando a la Refinería, hay informes con indicios penales y la Fiscalía está haciendo su trabajo en base a ellos.

P: ¿Pero por qué recién lo hace ahora luego de casi diez años?

Porque su control es posterior. La Ley de la Contraloría se reformó en el 2008 con la Ley de Contratación Pública, ya no es como antes que la Contraloría y la Procuraduría emitían los informes previos de los contratos. Tengo que esperar a que se contrate y ejecute la obra para hacer la auditoría. Yo lo reclamé públicamente porque ese control previo servía para evitar que los funcionarios se “equivoquen” en las contrataciones. Cuando la Contraloría llega el perjuicio ya se dio.

P: ¿Qué acciones puntuales desarrollaron en Petroecuador?

P: Auditamos 63 contratos de los 417 q equivalen a $ 1.120 millones. En estos diez años hemos realizado 500 acciones de auditoría en el sector petrolero, la mayoría con señalamientos de incrementos de sueldos contra la ley, contratos mal llevados, que se sustraían repuestos y aparatos de la Refinería (de Esmeraldas). Salieron glosas por 133 millones, órdenes de reintegro por 2,4 millones, responsabilidades administrativas por más de 200 millones y 75 informes con indicios de responsabilidad penal; además se hicieron 62 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales de Petroecuador, de los cuales 26 salieron con indicios de responsabilidad penal.

P: Pero no hay nadie preso...

R: Esa es una pregunta para fiscales y jueces.

P: En el caso Odebrecht, ¿había forma de que la Contraloría detecte el pago de coimas?

R: No, no es su facultad. Lo que podemos detectar es si hay irregularidades en la declaración de bienes de un funcionario pero localmente. Le recuerdo que la Contraloría no tiene capacidad internacional, no puedo pedir información de cuentas en el exterior, por ejemplo. Eso puede hacerlo la Fiscalía.

En ese tema, la Contraloría ha hecho 27 acciones de control, salieron varios casos con indicios de responsabilidad penal contra Odebrecht, detectó fallas en obras, y ha sancionado civil y administrativamente a funcionarios públicos y de la empresa. Los indicios de responsabilidad penal se dieron en el caso de la central San Francisco: ahí se crearon dos “adendas” en la contratación para ir aumentando los montos, y se detectó falsificación de documentos. Fueron a la Fiscalía y ahí los archivaron.

Sectores de oposición lo cuestionan porque, a su juicio, usted no es independiente del Ejecutivo.

Este organismo es técnico, no responde a intereses políticos o actos coyunturales... Tengo una buena relación con las entidades del Estado, pero eso no significa que vayamos a ocultar la información.

Usted ha auditado cuatro gobiernos, ¿cuál ha sido el más corrupto?

En todos los gobiernos ha habido corrupción, en los últimos 40 años todos tuvieron sus problemas, si no era por los camiones de basura era por los contratos de Petroecuador, las telefónicas, obras públicas, endeudamientos públicos, el congelamiento de fondos... (I)

La ley dice
Artículo derogado
Hasta el 2008, en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado constaba el siguiente texto: “Artículo 31.- Funciones y atribuciones.- La Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, tendrá las siguientes:(...) 16. Emitir informes razonados, como requisito previo a la celebración de todo contrato de las instituciones del Estado, que afecte al recurso público o implique egreso de recursos públicos, por un monto igual o mayor al que señale la ley para el concurso público de ofertas, haya sido o no concursado o licitado.Ese numeral fue derogado con la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial del 8 de agosto de 2008.