A través de un comunicado difundido esta mañana, el Ministerio de Justicia rechazó "las pretensiones de Fernando Villavicencio de victimizarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que esta entidad se pronuncie a su favor por una supuesta afectación a sus derechos".

Villavicencio, quien fue precandidato a la Asamblea por CREO y que ahora se encuentra en la clandestinidad, enfrenta un proceso penal por el supuesto hackeo de correos electrónicos de funcionarios del Gobierno y por haber difundido información considerada reservada.

Luego de que en octubre pasado el juez Jorge Blum ordenó la prisión preventiva del activista, su abogado defensor, Ramiro García, calificó al fallo como una "infamia" y manifestó que "entregarse a una justicia sin ninguna independencia no tendría ningún sentido". Con ese antecedente, en noviembre, se solicitó la aplicación de medidas cautelares a la CIDH, para suspender el pedido de prisión, pues consideran que el proceso evidencia una persecución política.

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Frente a esa petición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió ayer un oficio al Gobierno ecuatoriano en el que le da un plazo de 15 días para que informe documentadamente sobre el proceso y sobre el trámite que se dio a la solicitud de medidas cautelares.

En su comunicado de hoy, Ledy Zúñiga, principal del Ministerio de Justicia, reiteró que la CIDH no tiene competencias para dictar medidas cautelares y que "este tipo de reclamaciones sobre supuestas afectaciones a derechos fundamentales y políticos de este ciudadano se basan en percepciones sesgadas que pretenden menoscabar la imagen de la nación".

Por ello, lamentó la postura de la Comisión "que con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley". (I)