El límite de lo legal: lo legítimo

Luego de reiteradas denuncias de corrupción dentro de Petroecuador que apuntan a todas partes, las confesiones de ejecutivos de Odebrecht de presuntos pagos por cabildeo –en nuestro medio conocidas como coimas–, de la afirmación de que estas no causan verdadero perjuicio al país, tratando de darle una apariencia menos grave, como si la corrupción tuviera alguna, me queda una pregunta importante: ¿nuestro contralor general ha permanecido en el poder doce años y todo esto no lo pudo descubrir? Y ahora espera, luego de una muy adecuada –para sus intereses– decisión de la Corte Constitucional que lo habilita después de haber cumplido dos periodos consecutivos, ocupar por cuatro años más el mismo cargo, a pesar de tan profunda ceguera?

Lo preocupante es que en el Ecuador hemos cruzado el límite de la legitimidad, a título de que si está permitido por la ley, es posible. Ante estos escandalosos eventos, la actitud de hombría de bien del señor Carlos Pólit sería dar un paso al costado porque está claro –hasta para los ciegos– que su labor no ha sido eficiente ni mucho menos eficaz en el control de las actividades de la administración pública, después de doce años de gestión en los que ha encontrado muy poca tela que cortar, a pesar de las escandalosas situaciones que se han dado a lo largo de estos años, su elección puede ser legal, pero es definitivamente inaceptable en su aspecto más importante: la ética.

A los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les toca –en representación del pueblo que no los eligió, por cierto– decidir si esta candidatura le beneficia al país y no solamente si es legal su postulación y si cumple con los requisitos formales sino qué tan legítimo es que continúe por 16 años el mismo ciudadano que no ha encontrado lo obvio en la administración no solamente de este gobierno sino de los que han pasado durante su gestión, al pueblo que es en primer lugar y última instancia, a quien se deben, al momento de escoger un funcionario con tan trascendental posición.

Así ha ocurrido todos estos años, el secuestro del poder soberano a través de la Asamblea, de los órganos de control, la administración de justicia, todas estas entidades que han sacrificado sus legítimos fines por una revolución que poco a poco se ha deslegitimado, incurriendo en la vulneración del principio de separación de poderes, sometiendo a la administración de justicia que no puede frenar el abuso y de la Contraloría General del Estado que no audita, la Fiscalía General que no investiga. Todos estos órganos de control elegidos por el mismo cuerpo colegiado.

Este excesivo poder ha degenerado en el desorden que ahora impera. Señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueden ustedes, con un poco de sentido común, elegir entre los demás candidatos, uno que pueda cumplir el encargo; es su deber servir al pueblo al que dicen representar, porque este país necesita un poco de legitimidad, de honestidad, incluso si esta no se encuentra dispuesta en una norma. (O)

Oliva Isabel Cárdenas Tapia,
Asesora legal, Guayaquil