Cinco relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al gobierno de Rafael Correa “revocar la decisión” de diluir la ONG Acción Ecológica, pues “es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación”.

“Parece que el Gobierno está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial. Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739-”, señala una misiva oficial de la ONU, divulgada ayer.

Quienes se pronunciaron son relatores voluntarios que forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes del sistema. Ellos son Maina Kiai, del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, de la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión; Michel Forst, de la situación de los defensores de derechos humanos; John H. Knox, de la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro; y Victoria Lucía Tauli-Corpuz, de los derechos de los pueblos indígenas.

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Calificaron como una “ironía” que sea “el mismo Gobierno que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante (paraísos fiscales), esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas”.

El 19 de diciembre, el Ministerio del Ambiente notificó a la ONG el inicio de un proceso administrativo para disolverla, acusándola de haber incurrido en “actos violentos”, en el marco de las recientes protestas de grupos indígenas shuares de Morona Santiago, que se oponen a la extracción minera de la empresa china EXSA.

La Cancillería no se pronunció sobre el comunicado. (I)