Con fondos de Ley Solidaria asignados, se buscan rubros

Esmeraldas-Manta

Dos autoridades seccionales de Manabí fueron las primeras en reaccionar preocupadas por el anuncio del presidente Rafael Correa de que los fondos de la Ley Solidaria, creada para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado, estaban totalmente asignados y que no quedan recursos.

El mandatario señaló, en un conversatorio con la prensa en Tonsupa, Esmeraldas, la noche del lunes, que debía hacer reasignaciones para atender a los afectados por las réplicas de ese día en Esmeraldas.

“... Ya el presupuesto estaba 100% asignado, de la Ley de Solidaridad, de los créditos de contingencia, tenemos que reasignar presupuesto, aquí está el secretario de Reconstrucción, Carlos Bernal, y tenemos que ver de dónde sacamos plata del presupuesto del Estado para asignar más presupuesto para la reconstrucción, de hecho habrá que hacer un recálculo de las pérdidas, porque una cosa fue el 16 de abril y las réplicas subsiguientes, hasta mayo, junio que se hizo el cálculo, y todas estas réplicas que hemos tenido que pasar en meses, todo en este mes de diciembre en Esmeraldas”, señaló Correa.

Al presidente de la Junta parroquial de La Pila, parroquia de Montecristi (Manabí), Neptaly Santana, le preocupó ese anuncio. Él, por ejemplo, hizo el pedido del abastecimiento de agua potable para las comunidades de Aguas Nuevas, Las Lagunas y la cabecera parroquial de La Pila y del proyecto integral de alcantarillado.

“Claro que nos preocupa, tenemos problemas en la parroquia porque se viene la temporada invernal y hay sectores con afectaciones cada vez que llueve”, relató Santana.

Mientras, en Santa Ana, cantón manabita, se ha solicitado la repotenciación de la planta de agua potable de El Guarumo, de la que se benefician algunos cantones. Y aunque la repotenciación llega a los 20 millones de dólares, se ha planteado al Comité de Reconstrucción la adquisición de equipos electromecánicos cuyo costo asciende a dos millones de dólares, según expresó Fernando Cedeño, alcalde de Santa Ana.

La autoridad dijo que le preocupaba lo que se podría generar con los movimientos telúricos a poblaciones que ya han sido afectadas y que los recursos para rehabilitar o reconstruir obras deban postergarse.

La Ley Solidaria por el terremoto se publicó el 20 de mayo de 2016 en el Registro Oficial y en ella se puso en vigor una serie de mecanismos para obtener ingresos por $ 1.090 millones, entre ellos, el incremento del IVA del 12% a 14%. Además, los trabajadores de los sectores público y privado debieron contribuir con un día de su salario de $ 1.000 en adelante y por uno o varios meses según el monto que perciben.(I)