Ciudades en Estados Unidos crean fondos para defensa de inmigrantes

Varias ciudades grandes de Estados Unidos están reforzando los servicios legales para ayudar a los inmigrantes sin residencia legal a combatir la deportación y evitar los abogados fraudulentos tras la elección presidencial de Donald Trump y sus promesas de una represión intransigente.

El uso de fondos de gobiernos locales para representar a los inmigrantes en trámites federales es un ejemplo inicial de la reacción que encontrará el futuro presidente republicano entre los baluartes demócratas. Los partidarios dicen que es cuestión de justicia y buen uso de los fondos, pero algunos se preguntan si es un empleo justo del dinero de los contribuyentes.

Chicago ha aprobado un fondo de 1,3 millones de dólares. Funcionarios municipales de Los Ángeles y organizaciones privadas están elaborando un plan de 10 millones de dólares, según una vocera del alcalde, en tanto algunos legisladores de California proponen gastar decenas de millones de dólares en abogados para inmigrantes que enfrentan la deportación. Nueva York estudia un fondo legal público y privado tomando como base el programa municipal de defensores de oficio, considerado un modelo nacional.

“Tenemos que ser capaces de proteger a la gente que tiene miedo”, dijo el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ex secretario de la Casa Blanca, cuando el concejo municipal aprobó la medida la semana pasada.

Las promesas de Trump de construir un muro fronterizo y deportar a las 11 millones de personas que viven en el país sin autorización han provocado desconcierto entre los inmigrantes. Desde entonces ha reducido la cifra, pero sin detallar sus planes.

Desde su triunfo, la falta de representación legal de los inmigrantes se convierte en una preocupación creciente. Fue el problema principal planteado en una reunión de líderes políticos en Chicago.

Una promotora de la medida municipal en Los Ángeles, que será sometida a consideración el martes., la supervisora Hilda Solís, dice que le preocupa en particular la suerte de los menores no acompañados y de los inmigrantes jóvenes que presentaron sus datos personales al gobierno federal para obtener permisos de trabajo bajo el gobierno del presidente Barack Obama.

“En este momento, lo importante es que se cree este fondo y que nuestras comunidades más vulnerables sepan que estamos tomando medidas para su seguridad y protección”, dijo Solís.

Los inmigrantes no tienen garantizado un abogado en la corte y apenas el 37% de los amenazados por la deportación tienen representación legal, de acuerdo con un informe en septiembre del Consejo Estadounidense de Inmigración. (I)