Galo Lara Yépez, exasambleísta de Sociedad Patriótica (SP), vive desde hace año y medio en una celda del Centro de Rehabilitación Social Nº 8 de Guayaquil que, según sus cálculos, mide “cinco pasos”.

De un lado está su catre, del otro, el excusado, y en el otro, una suerte de ‘altar’ de cartón en el que reposan imágenes de Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y ángeles, rodeadas de fotos de líderes de Ecuador y el mundo, como el papa Francisco, León Febres-Cordero y John F. Kennedy.

Lara describe este espacio en una carta de trece carillas escritas a mano en hojas cuadriculadas, en las que responde un breve cuestionario enviado por este Diario días atrás.

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Pero él ha enviado otras a diferentes actores políticos y sociales. Incluso piensa hacerlo con algunos candidatos presidenciales, a quienes pedirá que le devuelvan su libertad. Los emisarios son sus abogados.

El exlegislador cumple una sentencia de diez años de prisión por supuestamente ser el autor intelectual de un triple crimen en Quinsaloma (Los Ríos), ocurrido en el 2011.

Ya lleva dos y medio, luego de que fuera extraditado en noviembre del 2014 desde Panamá, país que le había concedido asilo, pero que se lo revocó.

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En esta semana, la Corte Nacional de Justicia le acaba de dar un año más por supuestamente ingresar un celular a la cárcel de Latacunga, donde estuvo recluido primero. El fallo aún no ha sido notificado a su defensa, que adelanta que seguro la apelará.

Juan Vizueta, abogado del sentenciado, explica que en un allanamiento en mayo del 2015 las autoridades encontraron el teléfono en la celda que Lara compartía con un extranjero.

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Pese a que en el proceso judicial este último supuestamente declaró que el aparato era de su propiedad, la justicia sentenció a Lara a un año de prisión. Pero una Sala de la Corte de Latacunga declaró la nulidad del proceso por presuntas violaciones al debido proceso.

La Fiscalía, no obstante, inició otro proceso por el mismo delito, el cual terminó con el fallo que se hizo público.

En su misiva, Lara se refiere al caso: “Me pusieron el teléfono en el baño... La Corte Provincial de Cotopaxi anuló esa nueva sentencia de un año porque las pruebas carecían de eficacia jurídica... El allanamiento (a su celda) no tenía ninguna orden de un juez o autoridad y para colmo no me permitieron que mis abogados me defiendan... El fiscal le dijo textualmente al juez que no necesitaba de su autorización para hacer allanamientos. Un año después pidieron dos veces más abrir el mismo caso con las pruebas anuladas... Con las mismas pruebas anuladas le dijo la fiscal al juez: ‘Necesitamos esta orden de prisión porque no hay garantías de que Galo Lara siga en la cárcel’. Textualmente. ¡Y al juez que anuló la (primera) sentencia y las pruebas el Consejo de la Judicatura lo botó!”.

También dice que ya presentó ante los organismos de derechos humanos sus quejas sobre las supuestas violaciones a sus derechos, como los problemas para acceder a sus medicinas para controlar la hipertensión y la diabetes, o las prohibiciones para recibir visitas de sus familiares y abogados.

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Y recuerda sus denuncias de corrupción contra el actual Gobierno y que considera que son la causa de la ‘persecución’ que, según él, experimenta. “El tiempo en la cárcel se detiene; sin embargo, ese mismo tiempo me ha dado la razón también respecto a mis denuncias de corrupción”, dice Lara, refiriéndose, entre otros, a un caso de actualidad: Petroecuador.

“La joya de la corona es la negociación petrolera en Petroecuador. Aún no sale la cadena de corrupción que le advertí al pdte. RC (Rafael Correa)... Fue el 11 de noviembre del 2011 que el pleno de la Asamblea y ante Janeth Hinostroza en Teleamazonas que le mostré el memorandum donde el propio CAPAYA (Carlos Pareja Yannuzzelli), Calvopiña y Nielsen Arias... ordenan al gerente de Comercio Exterior de Petroecuador vender nuestro petróleo a los oferentes más baratos, a traders... ¡lo embarcaban, lo vendían y venían 46 días después a pagarlo!”, escribe el político.

Vizueta cuenta que Lara enfrenta otras dos investigaciones de la Fiscalía: una por un supuesto lavado de activos y otra por una presunta tentativa de golpe de Estado durante el 30-S. Ambos casos están en indagación previa, pero ya le tomaron su versión. (I)

 

Tengo dos pantalonetas, dos camisetas, una chompa, un pantalón y un par de zapatillas... Y dos toallas pequeñas que vienen cada seis meses en los kits de aseo que nos reparten”.