Una vez que el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia emita por escrito su dictamen en el que niega la casación interpuesta por Pablo Chambers y Gerardo Portillo, exveedores sentenciados a un año de cárcel por el delito de perjurio y testimonio falso, Ramiro Román, defensa de los procesados, interpondrá un recurso de ampliación y aclaración.

Chambers y Portillo fueron parte de la veeduría del denominado caso Gran Hermano, la cual fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y buscaba determinar el perjuicio que generó la entrega de contratos del actual Gobierno a empresas aparentemente vinculadas con Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa.

La tarde del jueves último se realizó la audiencia de casación en la que se confirmó el año de sentencia contra los veedores, quienes en su momento indicaron que el presidente Correa conocía de los contratos de su hermano con el Estado. En diferentes instancias la justicia señaló que los procesados jamás probaron sus afirmaciones.

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En mayo del 2014, el tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha emitió la sentencia condenatoria contra Chambers y Portillo; mientras que a otros dos miembros de la misma veeduría, también investigados: José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, se los declaró inocentes.

Román explicó que antes de que proceda la detención de los procesados, la justicia deberá emitir su sentencia por escrito y resolver los recursos que interpondrán, pues, según él, el Tribunal tuvo una interpretación diferente del recurso que se planteó.

La parte demandada, apuntó Román, apeló la sentencia por un error de la aplicación en la ley; mientras que los jueces, dijo, hablan de una indebida aplicación de la ley.

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Tanto Chambers como Portillo ratifican lo dicho dentro del caso Gran Hermano. Aseguraron que ninguno de los dos saldrá del Ecuador, que tampoco pedirán asilo político en otro país y negaron que solicitarán un indulto presidencial. "Jamás nos vamos a declarar delincuentes comunes", indicó Román.

Recuperar el dinero de contratos

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Para Chambers jamás se ha cuestionado el informe que entregaron como veeduría y lo único que se ha dicho respecto al mismo es que el presidente Correa no sabía de los contratos. Él sostiene que si el presidente supuestamente no sabía de los contratos al momento que la veeduría emitió su informe, ahora el Primer Mandatario ya lo sabe y preguntó: ¿qué se ha hecho con estos contratos y para recuperar los dineros en esos temas?.

"Su obligación moral, estatutaria (presidente Correa) es recuperar esos dineros.(...) ¿Dónde están esos dineros? Lo único que nos hemos enterado que ha dicho el señor presidente (Correa) es que no le da la gana de meterle juicio a su hermano, literal. Pues tiene que darle la gana, porque el señor es solo un empleado, solo un mandatario que tiene la obligación de hacerlo", concluyó Chambers.

Desde el 2012 el caso de los exveedores está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A decir de Chambers, esta instancia ya emitió un informe al Gobierno ecuatoriano haciéndole saber de que ellos consideraban a este caso como una "persecución política". (I)