En el argot militar se llama “gimnasia anfibia”: una rutina que incluye flexiones de pecho, abdominales y ‘polichinelas’. El capitán de corbeta Edwin Ortega la aprendió en el curso de hombre rana que siguió como parte de su formación.

Y ahora es una de sus distracciones en su “camarote” de la base naval San Eduardo, en Guayaquil, donde cumple diez días de arresto de rigor (por falta atentatoria) dispuesta por un Consejo de Disciplina de la Armada por faltarle el respeto al presidente Rafael Correa.

Ortega, al igual que otros oficiales, respondió a un correo electrónico en el que Correa explicaba algunas decisiones, como el débito de $ 41 millones de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por un supuesto sobreprecio en la compra de unos terrenos en lo que ahora es el parque Samanes.

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El oficial está encerrado desde el martes. Lee, escribe ideas para el libro en el que pretende recoger su caso y revisa documentos oficiales y la prensa. Desayuna, almuerza y cena. Y más de la gimnasia anfibia.

El reglamento interno le permite usar su celular; con él se comunica con sus familiares, amigos y abogados, Juan Vizueta y Galicia Rodríguez. Recibe visitas: el miércoles fue su mamá, Rosa Sevilla, y ayer esperaba a sus hijos.

El arresto se cumple este 15 de diciembre. Vizueta espera que su cliente salga antes con un recurso de habeas corpus que presentó el pasado viernes. Este recayó en el despacho del juez Whimper Ordóñez.

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Aparte del que terminó en sanción, las autoridades de la Armada han iniciado cuatro procesos disciplinarios contra el oficial en los últimos meses.

Uno por dar declaraciones a la prensa que no prosperó; otro por salir a la puerta de la base naval para recibir a su abogado cuando se instaló el Consejo; y otro más por haber entregado un presente a un oficial superior en la ceremonia de aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina. Esos dos están en apelación. El más reciente se abrió la semana pasada por presentarse con uniforme ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares. Todavía no hay resolución.

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Por todos estos casos, la defensa cree que las autoridades de la Armada habrían cometido “abuso de facultades” tipificado en el artículo 294 del Código Integral Penal. (I)