Gobierno de Nicolás Maduro y parlamento continúan con su lucha de poder

Latinoamérica es la región en la que los legisladores sufren más abusos, según la Unión Interparlamentaria (UIP).

Esta entidad compuesta por los parlamentos de 171 países publicó ayer un estudio por el Día de los Derechos Humanos (que se celebra hoy) en el que se observa que se han producido más persecución y violaciones a los derechos de los parlamentarios, especialmente en El Salvador, Nicaragua y Venezuela. En la región se han reportado 155 casos, que representan el 34% del total mundial.

“El uso de procesos judiciales como un instrumento para castigar la disensión política pacífica revela un preocupante patrón de represión que perjudica la capacidad de los parlamentarios y de los parlamentos de cumplir con su misión institucional”, dijo el secretario general de la UIP, Martin Chungong, quien consideró que todos esos datos deben preocupar, en particular la tendencia más reciente de recurrir a acciones judiciales para conseguir la exclusión ilícita de la vida política de las voces críticas, según el diario venezolano El Nacional.

La investigación se dio a conocer un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, amenazara con disolver la Asamblea.

“Hoy (jueves), la Asamblea Nacional una vez más no tuvo quórum (...). Son 34 veces. ¿Qué hacemos con la Asamblea Nacional? ¡Despido inmediato!, ¡disolución!”, manifestó el gobernante en cadena de radio y televisión entre los aplausos de partidarios, según AFP.

Maduro arremetió contra el Parlamento –controlado por la oposición– tras la suspensión de su participación en la mesa de diálogo sobre la grave crisis política y económica del país.

También acusó a los asambleístas de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de incumplir funciones y retomó sus amenazas, hechas reiteradamente desde que la alianza asumió la mayoría en enero. recoge AFP.

Maduro también embistió contra Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, quien anunció que la próxima semana podría reanudarse un juicio legislativo para determinar la responsabilidad política del mandatario sobre la crisis.

El jefe de Estado aseguró que “familiares” del diputado opositor están involucrados en un supuesto ataque cibernético contra el sistema de pagos electrónicos a bancos que hizo colapsar parcialmente los puntos para tarjetas de crédito y débito el pasado viernes. Seis directivos de la empresa financiera Credicard fueron detenidos el fin de semana. “Y van a ir presos otros más”, advirtió Maduro.

Presos políticos
Otro de los puntos que tomó la oposición como argumento para levantarse de la mesa de diálogo son los presos políticos.

En los últimos días aumentó la presión de organizaciones como Human Rights Watch o el Centro Knight de la Universidad de Texas (EE.UU.) para que el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, preso desde el pasado septiembre, sea liberado por su delicada salud.

Además el partido opositor Voluntad Popular (VP) acudió ayer a la Cruz Roja de Venezuela para solicitar su intervención en la huelga de hambre que llevan a cabo los presos políticos en la sede del Sebin en El Helicoide, según El Nacional.

Gaby Arellano, diputada de VP, lideró la comitiva y denunció que los detenidos sufren maltratos y por eso piden que un doctor de la Cruz Roja verifique su estado de salud. (I)