El presidente Rafael Correa emitió ayer el Decreto Ejecutivo por el cual convocó a una consulta popular para prohibir ejercer un cargo público de elección popular a aquellas personas que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.

El decreto llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que la Corte Constitucional (CC) dictaminó favorablemente el pedido del mandatario.

Tras el ingreso del documento en el CNE, su presidente, Juan Pablo Pozo, anunció que la papeleta de la consulta popular será incluida en las elecciones de febrero de 2017.

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En el plan operativo para el proceso electoral se recomendará que la convocatoria a consulta se realice el próximo 22 de diciembre. El documento se aprobará el viernes.

Pozo no adelantó cifras sobre el costo ni el monto máximo de gasto permitido durante la campaña de promoción.

Sin embargo, el artículo 210 del Código de la Democracia determina que el monto no podrá ser mayor al límite establecido para la elección de la máxima autoridad; en este caso, la cifra para presidente y vicepresidente de la República asciende a $ 1’922.504,70. Tomando como referencia esta cifra, el límite de promoción que financiará el CNE será el 30%.

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El plan incluirá el presupuesto, inscripción de organizaciones políticas y sociales, para participar en la campaña.

La autoridad dijo que a la consulta se convocará a los 12’816.698 personas que constituye el registro electoral para las elecciones de febrero, que incluye a los ecuatorianos residentes en el exterior.

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Como considerandos para convocar al plebiscito el mandatario toma como referencia que, en mayo pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (UCIJ, en inglés) reveló una base de datos con información de más de 200 mil empresas offshore a nivel mundial, creadas por la firma Mossack Fonseca, entre ellas constan 3.923 contribuyentes del Ecuador, entre personas naturales y societarias.

Esta información, añade el documento, confirmó que “la opacidad que rodea a los paraísos fiscales alimenta la corrupción y socava la capacidad de los países para recaudar los impuestos que les corresponde”.

Afirma que en el Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), “el 50% del capital social de los grandes contribuyentes viene del exterior, de los cuales el 70% es triangulado desde paraísos fiscales”. Y que “se ha detectado más de $ 200 millones que corresponden a dividendos pagados a residentes en tales jurisdicciones”.

La pregunta es: ¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? (I)

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Procesos
Seis consultas

Nacionales
El presidente Rafael Correa, en 10 años, convocó a dos consultas nacionales en el 2007 y 2011, y a un referéndum en el 2008, para aprobar la Constitución.

Locales
A nivel local, el Gobierno convocó a cuatro consultas populares sobre límites.