Empresarios piden que proyecto de Ley de Plusvalía sea archivado

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) se reunió ayer en Guayaquil para exigir el archivo de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, porque la considera confiscatoria y que viola el respeto de la propiedad privada.

El proyecto de ley ayer fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y enviado a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, después de que el jueves pasado el presidente Rafael Correa lo enviara a la Asamblea con el carácter de económico urgente.

Richard Martínez, presidente del CEE, manifestó que es la aspiración del gremio que los asambleístas “tengan la suficiente responsabilidad con el país para entender lo que está en juego en este momento, y lo que está en juego es una visión de desarrollo donde el Estado va a procurar captar los recursos de los ciudadanos...”.

A la Asamblea le quedan 23 días, hasta el 30 de diciembre, para tramitar y aprobar con cambios o no el proyecto de ley. Según el vicepresidente la Comisión de Gobiernos Autónomos, Fausto Terán (AP), la mesa tenía previsto avocar conocimiento del proyecto ayer, a partir de las 17:00, debido a que existía una convocatoria previa para abordar una reforma a la Ley de Contratación Pública.

La Ley de Plusvalía busca gravar con una tasa del 75% a la ganancia extraordinaria (que supere los 24 salarios básicos unificados) de los inmuebles a partir de la segunda venta, además destituir a los alcaldes que no actualicen los catastros y exonerar del pago de impuestos a las mineras.

Roberto Gómez de la Torre, de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, indicó que la ley ahondaría la crisis que sufre el sector agropecuario, con quien el mismo Gobierno ha reconocido que “tiene una deuda de diez años”.

El Comité Empresarial cuestionó al mandatario: cómo esta ley reactivará la economía del país, cuántos empleos creará esta normativa. El presidente del gremio aseguró, por el contrario, que este cuerpo legal “constituye un golpe a la economía ecuatoriana”.

Mientras, Francisco Alarcón, presidente de las Cámaras de Industrias del Ecuador, dijo que la ley no tendría el efecto que pretende el Gobierno porque no sería fácil vender los bienes: “Ni siquiera el Estado va a cobrar las grandes sumas de dinero que pretende cobrar, al volverse prohibitivo y confiscatorio el impuesto”.

En tanto que el presidente nacional de las Cámaras de la Construcción del Ecuador, Enrique Pita, manifestó que si el Estado conoce a quienes especulan con la tierra por efecto de obras públicas, debería enjuiciarlos: “Métalos preso, húndalos en la cárcel, pero no generalice”.

Los asambleístas de oposición también rechazan la ley. Henry Cucalón (MG-PSC) y Antonio Posso (Avanza) coinciden en que es “confiscatoria”.

Y Posso agregó que el Ejecutivo está enviando el proyecto por segunda vez en época de fiestas para que la gente no proteste como ocurrió el año anterior y que es un “distractor” para ocultar los hechos de corrupción y la crisis económica. (I)