Janeth, de unos 26 años, ayer gestionaba en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia del Complejo Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, la boleta de libertad de su exconviviente, a quien había hecho detener hace una semana por 18 meses de atraso en el pago de la pensión alimenticia del hijo de ambos.

Acompañada de su exsuegra, a quien le urgía tener el documento para acudir a la Cárcel de Varones de Guayaquil y sacar a su hijo, la joven madre se encargó de que antes del trámite cancelara parte de la deuda.

Sin la detención, aseguró Janeth, no habría podido hacer que el padre de su hijo cumpla con su responsabilidad, y por eso, al igual que otras mujeres, ella no está de acuerdo con que se reforme la ley y se elimine la prisión para quienes adeudan pensiones alimenticias.

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El sábado pasado, el presidente de la República, Rafael Correa, criticó el que una persona pueda ir a la cárcel por este tipo de deudas y aseguró que a las cárceles se está “metiendo preso al inocente”.

Las declaraciones de Correa surgieron después de que Javier D., quien fue detenido pese a padecer un cáncer terminal, presentara una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos.

Presión para padres irresponsables

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Susan Romero, abogada especializada en casos de la Niñez y Adolescencia, tampoco está de acuerdo con la propuesta de Correa de reformar la ley porque sostiene que más son los casos de padres que teniendo cómo pagar las pensiones de alimentos no lo hacen, que aquellos casos como el de Javier D.

“Es un medio de presión para las personas que son irresponsables”, sostuvo Romero.

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Otra usuaria, cuya identidad no reveló, también se opone a la medida, aunque ella comparte la posibilidad de que en lugar de meter preso a los demandantes incumplidos, se les coloque un dispositivo de rastreo que los ubique “donde se encuentran, cosa que si se atrasan otra vez, ya sabemos dónde están para ir a cobrarles”.

Pedro Veriñez es otro abogado que a diario gestiona demandas de alimentos en los juzgados y tampoco considera oportuno que se derogue la prisión por deudas de alimentos.

Recordó el caso de un demandado que debía $ 10.000 y que luego de ser detenido hizo un convenio de pago, cancelando el 50% de la deuda. “A las 24 horas hizo el convenio, lo que no quería era pagar”. (I)