El exministro de Educación, Augusto Espinosa; el defensor Público, Ernesto Pazmiño; el fiscal general, Galo Chiriboga; y el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, son los cuatro funcionarios cuyas gestiones en determinados temas han estado bajo la mira de algunos asambleístas con intenciones de un posible juicio político, en el último año del periodo legislativo 2013-2017.

Los cuatro procesos están en diferentes etapas de trámite, salvo uno que ya fue archivado por falta de argumentos.

La mayoría oficialista en la Comisión de Fiscalización archivó el pedido de juicio político en contra de Espinosa, presentado por Bayron Pacheco (Avanza) con 37 firmas de respaldo, por no asegurar las instituciones educativas, varias de las cuales fueron destruidas por el terremoto del 16 de abril.

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El caso de Ernesto Pazmiño es distinto. El oficialismo le pide explicaciones sobre sus críticas al sistema de justicia y a las leyes que se han creado en los últimos años para regularlo.

Pazmiño ya respondió por una ocasión al pedido de información de los asambleístas, pero el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que deberá ser llamado a la Comisión de Fiscalización para que complete la información requerida por María José Carrión y Víctor Medina.

De no cumplir este requerimiento las probabilidades de que se le inicie un proceso de juicio político se incrementan.

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El análisis de un juicio político al fiscal Chiriboga está en trámite. La fase de comparecencias concluyó y la próxima semana la Comisión analizará si existen o no elementos para iniciar el proceso o si es necesario llamar a nuevas comparecencias de autoridades.

A mediados de noviembre, Gabriela Díaz (Avanza) anunció que iniciaría la recolección de firmas para entablar un juicio político en contra del superintendente de Comunicación por la impresión de 300 mil folletos de la Ley Orgánica de Comunicación con un error de “transcripción” en una de sus disposiciones y a base de lo que se sancionó a medios de comunicación. (I)