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Juez ordena prisión preventiva y presentación semanal en caso de tráfico de influencias

Prisión preventiva fue lo que ordenó, la tarde de este martes, el juez Gustavo Brito contra Alejandro V. y Paul S., investigados por un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias para conseguir contratos en el sector público. Al exfuncionario público Juan V., otro de los indagados, el juez ordenó, debido a su delicado estado de salud, la medida alternativa de presentarse dos veces a la semana en la fiscalía de Tumbaco.

A pedido del abogado defensor de los tres sospechosos, Victor Hugo Cevallos, la audiencia de formulación de cargos fue declarada reservada y únicamente pudo ser presenciada por los agentes que participaron en las detenciones. Cevallos aseguró que solicitó la medida para evitar enfrentamientos durante la diligencia.

Familiares de los detenidos, funcionarios de entidades públicas que podrían haber resultado afectadas con el delito que se investiga y la prensa fueron desalojados de la sala.

Los involucrados fueron detenidos, entre la tarde y noche de lunes último, mediante la operación Boreal, en la cual existieron seis allanamientos en diversos sectores de Tumbaco, Cumbayá, al nororiente de Quito, y en la zona centro-norte de la capital. La investigación de este delito habría arrancado en julio pasado, luego de una denuncia colocada por la Unidad de Seguridad Interna de la Presidencia de la República.

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Según la Fiscalia, los ahora detenidos supuestamente habrían participado en la negociación de contratos para la compra de medicinas destinadas al sistema de hospitales públicos del país. Las autoridades también investigan si los miembros de esta red participaron en la obtención de contratos en otras entidades públicas. 

Una agenda con datos de las comisiones que aparentemente recibía la red por los trabajos que realizaban, la cual fue obtenida en uno de los allanamientos, revelaría que esta organización cobraba, dependiendo del contrato en el que se centraba, entre el 3% y el 20% del monto total de contrato tramitado.

Juan V., quien fue subgerente de Servicios Generales en la Corporación Financiera Nacional (CFN), entre junio de 2007 y agosto de 2009, no asistió a la audiencia de formulación de cargos debido a que sufrió un desbalance en su salud. Desde el día de la detención, él se mantiene internado en un hospital privado ubicado al norte de Quito.

Análisis de Comisión de Justicia

Entre las aristas que también se investigan en la Fiscalía, está que algunos de los ahora detenidos han sido citados en el informe de la Comisión de la Justicia de la Asamblea Nacional, instancia que investigó a funcionarios públicos relacionados con paraísos fiscales.

La Fiscalía investiga la entrega de información confidencial que esta red realizaba a ciertas empresas con el fin de influir en la obtención de contratos públicos. En los seguimientos realizados por los agentes se habría detectado, incluso, que al no ganar concursos con las maniobras que empleaban, los integrantes de la red sospechada bloqueaban a las empresas que legítimamente habían ganado las adjudicaciones.

Inmediatamente el caso fue trasladado a un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública y un juez de garantías penales no flagrantes de Pichincha, el cual será designado por sorteo, se encargará del juicio que en su etapa de instrucción fiscal durará 90 días. (I)

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