El presidente argentino Mauricio Macri y su antecesora, Cristina Fernández, tienen profundas diferencias políticas, pero también algo que los une: sus progenitores están involucrados en una investigación judicial sobre presunto fraude al Estado en la entrega de correspondencia oficial.

Un fiscal federal imputó el jueves a Ofelia Wilhelm, madre de la expresidenta Fernández, en la firma de un contrato presuntamente irregular entre el Correo Argentino y una cooperativa para la entrega de correspondencia del ente recaudador de la provincia de Buenos Aires. También solicitó una serie de medidas de prueba para determinar el rol del Grupo Socma, propiedad de Franco Macri, padre del actual mandatario, en el mencionado convenio.

Wilhelm, de 87 años, integraba la cooperativa "El Aldabón", la cual suscribió un contrato con el Correo Argentino —controlado por el Estado— para la distribución de boletas de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) durante los últimos diez años, que coincidieron con los gobiernos de su yerno Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández (2007-2015). De acuerdo con una denuncia penal que motivó la imputación del fiscal Jorge Di Lello contra la madre de la expresidenta, la cooperativa habría cobrado varios millones de pesos por un convenio plagado de supuestas irregularidades.

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La denuncia judicial presentada por la diputada Elisa Carrió, perteneciente a la coalición gobernante Cambiemos, sostiene que la cooperativa en cuestión estaba integrada por 13 personas, "lo que torna inverosímil la posibilidad de que auténticamente pueda realizar una labor de repartición de correspondencia". Asimismo, advirtió que "El Aldabón" no estaba registrada como prestadora oficial del correo, y que por lo tanto debe "investigarse la hipótesis delictual de la existencia de una simulación" con el propósito de desviar fondos públicos del Correo Argentino.

Hasta que Kirchner lo estatizó en 2003, el Correo Argentino estuvo concesionado al Grupo Socma, un poderoso conglomerado de empresas liderado por Franco Macri.

Si bien la denuncia de Carrió menciona que esta supuesta operatoración ilegal transcurrió durante el gobierno kirchnerista, el fiscal Di Lello solicitó documentación a la Inspección General de Justicia y a otros organismos para determinar si la cooperativa "El Aldabón" suscribió un acuerdo similar cuando el correo estaba bajo el control del padre de Macri.

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Antes de conocerse la resolución de Di Lello, la expresidenta negó las acusaciones contra su madre y sostuvo que la denuncia forma parte de una maniobra de persecución política orquestada por Macri para desviar la atención pública sobre los graves problemas económicos que atraviesa el país sudamericano. (I)