Mamá de Renato teme rebaja de pena para acusado

Perla Pérez dice sentirse burlada por la justicia ecuatoriana. Han pasado más dos años de aquel junio. Su único hijo, Renato Cardelli, fue asesinado en una peatonal de la Alborada, en el norte de Guayaquil. Hubo condena, sin embargo, uno de los dos procesados está frente a un proceso de nulidad que reduciría la pena impuesta, de 25 años a 8 años de cárcel.

Posterior a la sentencia emitida en junio del 2015 por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas se dio inicio al proceso de nulidad. Se han registrado nueve audiencias suspendidas hasta octubre y el mes pasado en una audiencia con todas las partes se dictaminó lo peor para Pérez, que el acusado pase de autor a cómplice del hecho en el que intervinieron dos personas más, otro condenado y un prófugo.

“Me parece una tiranía. (La anterior sentencia) no compensaba la vida de mi hijo ni la de ningún ser humano. Mi único hijo, el único de mi familia. La vida de un ser humano es tan valiosa, más si ha sido un hijo intachable”, dice sobre Renato, que fue líder juvenil en su colegio, Balandra Cruz del Sur.

Tras casi un año sin sentencia, el presunto autor del hecho fue sentenciado el 8 de junio del 2015. Desde ese mes hasta octubre de este año, según Gisella Padovani, defensora de Pérez, se suspendían las audiencias por falta de jueces titulares o suplentes. Ellas siempre estuvieron presentes, aduce. El pasado 19 octubre, los actores estuvieron presentes, peritos, policías, entre otros y tras aceptación de dos de los tres jueces de la sala, se resolvió pasar de “autor a cómplice” al acusado Carlos A., según Padovani.

Ella y Pérez sostienen que en el proceso desaparecieron pruebas como la ropa que tenía su hijo aquel día o se descartó por “fallas técnicas” el cotejamiento de máculas de sangre encontradas en el carro de los asaltantes. Creen que se está violando la seguridad jurídica.

La abogada pide investigar a los jueces y al defensor público que lleva el caso.

“Por eso muchas personas se retiran de las causas, por la vulnerabilidad en la que se encuentran porque no hay seguridad de ninguna índole”, dice Pérez, quien espera ser escuchada por el presidente de la República para hacerle conocer su caso.

“Hoy matan y nos conmocionamos e inmediatamente se va apagando y el derecho pasa a nada”, subraya Padovani y señala que una vez que les llegue la notificación sobre lo resuelto iniciarán un proceso de casación por la sentencia que, según ella, viola “por falsa y falta de aplicación de la norma, falta de interpretación de la ley y de interpretación de la prueba”.

Ambas hacen un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y al presidente Rafael Correa para que se investigue a los miembros del tribunal que, según ella, “son bien conocidos” en los juzgados y levantan sospechas que después de un año de pedida la nulidad, y después de unas nueve audiencias aplazadas por falta de jueces, esta vez se haya instalado y dictaminó esa resolución determinando que lo dicho por el testigo protegido era “impreciso”.

Padovani asegura que se dejó de lado la prueba de barrido electrónico que determinó que Carlos A., según los peritos, disparó el arma que segó la vida de Renato Cardelli. (I)

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