Unos 91 mil uniformados podrían acudir a las elecciones del 2017

A inicios de diciembre, los ministerios de Defensa y del Interior deberán remitir los listados de los uniformados que podrán sufragar en febrero del 2017.

Un reglamento que norma la votación de los integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas, suscrito por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 23 de junio pasado, determina que 60 días antes de las elecciones, deberán remitir esos listados con nombres, número de cédula y la provincia, cantón y unidad en la cual está asignado.

La Constitución permite que el personal uniformado ejerza el voto facultativo, y para ello el CNE entregará una credencial de votación que tendrá un desprendible y constará de dos partes, que contendrán sus nombres, su número de cédula, su fecha de nacimiento y una codificación numérica.

En la parte desprendible firmará su titular, y “servirá como constancia de que recibió la credencial de votación. La otra parte con igual información será entregada a la junta receptora del voto el momento de la votación”, señala el reglamento.

Las credenciales que no hayan sido utilizadas no tendrán validez tras el día del sufragio.

Según datos oficiales recogidos hasta el 2015, por los ministerios, hay 49.351 policías activos y 41.403 militares activos.

Ellos acudirán a las urnas en una coyuntura política en la que el Gobierno emprendió reformas legales al sistema de pensiones de los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía Nacional (Isspol), como fue la reciente Ley de Fortalecimiento a los sistemas de Seguridad Social, que han sido cuestionadas por el temor de perder su “régimen especial”.

Es así que dirigentes en servicio pasivo impulsan reuniones con los candidatos a la presidencia para pedir la derogatoria de esos articulados.

El almirante en servicio pasivo Aland Molestina, del Frente de Defensa de las FF.AA., cuenta que tienen una agenda para conversar sus aspiraciones para el nuevo gobierno: “Queremos que la nueva ley de fortalecimiento sea derogada por inconstitucional, y se analice un nuevo texto que nos beneficie. Debe recuperarse la institucionalidad... El ministro de Defensa debe ser una persona experta en asuntos de seguridad nacional. Y exigiremos la fiscalización del actual gobierno”. Dice que el voto desde estas bases será del “no al continuismo”.

La Confederación de Militares en Servicio Pasivo República del Ecuador ya tiene elaborada una propuesta de petitorios para los presidenciales.

Plantea la convocatoria a una asamblea constituyente “que no fortalezca el poder del presidente”. Pide independencia de las funciones del Estado; que se desconozcan los préstamos y ventas anticipadas, las concesiones y ventas de bienes nacionales; y, que se deroguen decretos y acuerdos relacionados con la institución militar. Que se apruebe una nueva ley de seguridad social con la participación de afiliados y pensionistas.

Uno de sus voceros, el coronel retirado Jorge Villavicencio, dice que han asistido a foros con los candidatos, incluso con el oficialista Lenin Moreno, y les han planteado soluciones. “Con la asamblea constituyente se modificará todo lo actuado. Queremos que se derogue la ley de manera urgente, porque el Issfa dentro de tres años ya no existirá porque no tendrá sostenibilidad. El nuevo gobierno debe pagar la deuda al Issfa, que bordea los $ 430 millones”.

Alejandro Valverde, delegado del personal de tropa en el Consejo Directivo del Issfa, también habla de lo que esperan de los candidatos. “Una de las cosas que afecta a la familia militar es la aprobación de la nueva ley. No podemos dejar de pedir que se anule lo actuado. No podemos dejar que nos quiten el 60% del aporte del Estado. Ni que se nos elimine el régimen especial”. (I)