Argentina reconoce 8.571 víctimas por terrorismo de Estado

Argentina se vio obligada a recordar una de las épocas más sangrientas de su historia: entre 1973 y 1983 se denunció la desaparición de 30.000 personas y la polémica se reavivó el lunes, cuando un organismo oficial reveló que la estimación de víctimas es de 8.571.

El cálculo oficial proviene del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Esta dependencia dijo en un comunicado que del total de víctimas de represión ilegal contra disidentes, 7.010 se consideran de desaparición forzada y 1.561 de asesinato.

La cifra comprende el periodo que va de 1973, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón y tres años antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hasta el retorno de la democracia a fines de 1983. La Secretaría de Derechos Humanos explicó al respecto que consideró este lapso a causa de un pedido de informes solicitado por la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, amparándose en el derecho de acceso a la información pública.

Organismos de derechos humanos insisten en que al menos 30.000 personas desaparecieron durante el régimen militar de 1976-1983.

Tal como quedó demostrado en los juicios contra exmiembros de las Fuerzas Armadas, el plan represivo ilegal consistía en el secuestro, tortura y desaparición física de disidentes. Para no dejar rastros de sus acciones, las víctimas eran arrojadas al mar o enterradas en fosas comunes sin identificar, lo que dificulta establecer una cifra definitiva de víctimas.

Esta cifra no oficial se elaboró sobre la base de denuncias de familiares de víctimas, pero no incluye los afectados por las acciones de grupos para-estatales o de las propias Fuerzas Armadas en la lucha anti-subversiva durante el gobierno democrático de Perón y, posteriormente, de su viuda, Estela Martínez de Perón.

La cifra de víctimas durante una de las dictaduras más sangrientas de América Latina estuvo bajo discusión a principios de este año, cuando el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, sugirió que el número de 30.000 “se arregló en una mesa cerrada“, dando a entender que era una invención de los organismos de derechos humanos. El funcionario tuvo que renunciar meses después, tras varios actos de reprobación pública.

Desaparecidos

Con el fin de evitar polémica por la discrepancia de cifras, la Secretaría de Derechos Humanos aclaró en el comunicado que “el número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria” debido a que “permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales.” (I)

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