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Relatorías externas alertan por la Ley de Comunicación

Graves efectos de la Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación en la libertad de expresión de Ecuador fue la alerta que hicieron ayer los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza.

En un comunicado de prensa emitido desde Washington, la CIDH sostiene que los relatores especiales han señalado que les “resulta preocupante que ciertas obligaciones contempladas en la ley carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas para su cumplimiento, inhibe gravemente la libertad de expresión”.

Los relatores instan a las autoridades ecuatorianas a adecuar la Ley de Comunicación a estándares internacionales en la materia.

Desde la entrada en vigor en 2013 de la ley en Ecuador, señala el comunicado, estos funcionarios han observado con “preocupación” que “su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos del Gobierno”.

Los relatores califican a la Superintendencia de Comunicación como un organismo sin suficiente independencia del Ejecutivo, cuyas amonestaciones y sanciones a los medios se han dado con base en figuras jurídicas “vagas y ambiguas”.

“La norma a estudio y su aplicación por parte de las autoridades administrativas tienen el efecto de privilegiar el buen nombre y la reputación y los intereses de los funcionarios frente al debate público de ideas y la circulación de información como una forma de escrutinio social del ejercicio del poder”, indica el comunicado.

“Eso parece estar pasando en numerosos casos, como los que hemos consultado al Estado en relación con los periódicos El UNIVERSO y La Hora, que han sufrido imposición de información y sanciones económicas desproporcionadas”.

Otro punto que preocupa a los relatores especiales es el relacionado con la información recibida en el marco del concurso para el otorgamiento y renovación masiva de frecuencias. Para ellos este proceso podría realizarse sin las suficientes garantías de transparencia en un contexto preelectoral.

Todos estos señalamientos fueron incluidos en una carta conjunta que ambos relatores enviaron al Gobierno ecuatoriano. En la misiva también se hace una solicitud de información sobre la aplicación de la Ley de Comunicación en los casos que se han recibido información, así como detalles del concurso de frecuencias que se realiza actualmente. Esperan que la respuesta a su solicitud permita abrir un diálogo. (I)

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