El voto salvado de la jueza Dilsa Muñoz será el argumento que utilice la defensa de unos 16 procesados para apelar la sentencia de prisión de entre 13 y 9 años que dictó el 31 de octubre el voto mayoritario del Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha, dentro del caso llamado ‘Estrella dorada’, que investigó una presunta venta de 1.317 pases irregulares en la Policía Nacional, entre el 2014 y 2015, por valores que ascendían hasta los $ 1.500.

El lunes en la noche se cumplió la audiencia de sentencia y con el voto de mayoría de Maritza Romero y Mario Ochoa se sentenció al excomandante de la Policía, Fausto T., y al teniente Alexis C., exmiembro de la seguridad del presidente Rafael Correa, en el grado de autores del delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Integral Penal, con una pena de prisión de 13 años y 3 meses.

Como coautores, por el mismo delito, se sentenció a 9 años y 3 meses de cárcel a Aníbal P., Carlos H., Danilo G., Christian T., Freddy R., Danny H., Marco R., Magno M., y Carlos A.

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A diez meses, por su “cooperación eficaz”, a Rodolfo Q., y Jorge S. Y a la madre de Alexis C., María Teresa B., a cinco años. A Wladimir G., se le ratificó su inocencia.

Pero Muñoz, quien tardó cuatro horas (desde las 19:00 hasta las 23:00 del lunes) en explicar su voto salvado, declaró la inocencia de once de los acusados. A Rodolfo Q. y Jorge S. los sentenció a cinco años.

A Fausto T. le dio tres años y once meses, por cómplice. Y solo a Alexis C., 13 años y 3 meses por “autor inmediato”.

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Su voto sorprendió a sus colegas y a la fiscal del caso, Tania Moreno, que levantaban continuamente las cejas en desacuerdo con la decisión, mientras se cuestionaba paso a paso la investigación fiscal.

Criticó que se dé validez a los testimonios de Rodolfo Q. y Jorge S. por ser “acusaciones frágiles y débiles”. A su criterio, la investigación no demostró que el excomandante “acordó y concertó” la entrega de pases por un precio.

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Además, cree que hay información “incompleta” en la investigación hecha a las llamadas telefónicas de los procesados. Y hasta consideró que “no se puede meter a todos en el mismo saco” y acusarlos del mismo delito.

Los familiares de los acusados la aplaudieron al final de la lectura. El abogado de uno de los sentenciados, Julio Sarango resaltó que la jueza demostró que la “Fiscalía no tuvo prueba contra once personas”.

Stalin López, abogado de Daniel G., dijo que a base del razonamiento de Muñoz apelarán la sentencia, pues este es “un voto razonado y sensato, que permite recobrar la confianza en la justicia”. (I)