Defensa de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio solicitará la sustitución de la orden de prisión preventiva dictada esta madrugada por el juez Jorge Blum. 

Jiménez y Villavicencio, exasambleísa y su exasesor, respectivamente, son acusados de supuesta divulgación de documentos reservados, los cuales aparentemente se habrían conseguido al hackear cuentas de correos electrónicos de funcionarios públicos como el Procurador del Estado, el Secretario Jurídico de la Presidencia y el mismo presidente de la República, Rafael Correa.

La defensa busca evitar que sean llevados a la cárcel mientras continía el juicio en su contra. Uno de los abogados de Jiménez, Ramiro Román, aseguró que la orden de prisión no puede ejecutoriarse, pues la ley da tres días para que los procesados presenten su impugnación. Para Román, en este caso, hay temas que no se han resuelto desde la perspectiva de justicia, sino desde la política.

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Román criticó los tiempos de realización de la audiencia, pues según él, solo les queda un día hábil para poder presentar el pedido de cambio de medida cautelar. "Calcularon bien el hacer la audiencia. La hicieron jueves, la terminaron viernes, es decir, corre viernes, sábado y domingo como plazo, dos días, estos últimos, que ni siquiera trabaja la Corte Nacional", concluyó. Para ello se otorgan tres días; sin embargo, en la práctica, cuentan con un día hábil, este viernes.

"Están utilizando la ley para reprimir, están usando la ley políticamente, porque lo que quieren realmente son efectos políticos. Con ordenes de prisión, con llamamientos a juicio lo que quieren es que no hayan candidaturas (para las próximas elecciones) de las dos personas", afirmó.

El juez Jorge Blum llamó a juicio a Jiménez y Villavicencio en calidad de autores del delito que se habría dado entre octubre y noviembre del 2013.

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Horas antes de la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía emitió un documento en el que se abstenía de acusar dentro del caso a la comunicadora Belén Palma, quien fue vinculada al proceso por haber sido parte de un texto publicado por Villavicencio en un medio digital.

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, descartó que exista una motivación política en el juicio. Para él lo que se está persiguiendo es el cometimiento de una infracción que está tipificada en el Código Penal. "Sobre esa infracción se han presentado elementos de convicción suficientes que permitieron que el juez tome la decisión", aclaró.

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Fernando Villavicencio también anunció que apelará la decisión, pero expresó su pesimismo. "Las cosas ya están dadas. Fue un día lapidario para la justicia", señaló. Pese a ello reiteró que participará como candidato a la Asamblea por CREO en las próximas elecciones. "Solo con una sentencia en firme se pierden los derechos políticos". (I)