AP analiza impacto electoral de un juicio político al fiscal

El bloque de Alianza PAIS (AP) y la secretaria de Gestión Política, Paola Pabón, resolvieron ayer que el presidente Rafael Correa, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y ella conformen un “cuarto de guerra” para analizar la procedencia de un juicio político contra el fiscal general, Galo Chiriboga, y la afectación o beneficio electoral de esa decisión para el movimiento oficialista.

Chiriboga fue cuestionado por una supuesta inacción que habría permitido que el exministro de Hidrocarburos Carlos P. haya salido del país días antes de que se lo vinculara con un caso de supuesto cohecho en el que está procesado el expresidente de Petroecuador Álex B.

Según la coordinadora del bloque oficialista, Blanca Argüello, la primera reunión de este “cuarto de guerra” estaba prevista para la tarde de ayer y la resolución definitiva sobre el tema se daría entre el lunes y martes de la próxima semana.

“Nosotros no sabemos si esto puede afectar o beneficiarnos electoralmente y eso hay que hacer un análisis, porque quién sabe esto nos beneficia más a nosotros electoralmente que lo que nos puede perjudicar, puede ser un punto a favor del movimiento este tema”, expresó.

La legisladora dijo que esta fue una de las resoluciones que tomó la bancada tras una reunión de cuatro horas.

Luego de este encuentro, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó y resolvió que el informe de paraísos fiscales entregado por la Comisión de Justicia pase a la de Fiscalización para que se convoque a comparecencias al fiscal, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas con el fin de que informen sobre lo actuado y los avances en la investigación de los paraísos fiscales, informó el vocal Fausto Cayambe (AP).

En tanto, los dirigentes del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP), Ramiro García y Ángel Orna, presentaron ayer una denuncia por el delito de lavado de activos contra Carlos P. y Álex B. ante la Fiscalía.

Los denunciantes creen que la Fiscalía está garantizando, a través de medios judiciales, la impunidad de los procesados.

Tanto Orna como García coinciden en que de manera ‘deliberada’ se está procesando a estas personas por enriquecimiento ilícito y cohecho que serían, para ellos, delitos menores por los que reciben penas inferiores, y no por peculado y lavado de activos, los cuales tienen penas superiores.

Según Orna, el procesar a Carlos P. y a Álex B. por cohecho y enriquecimiento ilícito, delitos que tienen como penas de 5 a 7 años, en el primer caso, y de 7 a 10 años, en el segundo, tiene como fin el beneficiar a los señalados con mecanismos como el procedimiento abreviado, mediante el cual podrían, una vez que reconocen el delito, recibir solo un tercio de la pena definida en cada caso.

García calificó de inexplicable que pese a que existe un informe de la Unidad de Análisis Financiero en el que se revelan movimientos inusuales de dineros, no se las procese por lavado de activos, que es un tipo penal mayor. (I)

Interpelación
Ley

Pasos
El procedimiento de un juicio político toma un mínimo de 45 días luego de recoger 34 firmas; el CAL califica la procedencia y decide si lo envía o no a la Comisión de Fiscalización para que sustancie el proceso y decida si se archiva o va al pleno.

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