El 23 de octubre, en diario El Universo, se difundió –tanto en la versión impresa (página 4) como en la digital– un artículo titulado “Correa culpa a 'paraísos' de la corrupción", el cual falta a la verdad y vulnera principios elementales de la práctica periodística ética y responsable. Por eso, amparado en el derecho a la rectificación, consagrado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), me permito realizar las siguientes precisiones: El señor Presidente jamás “culpó” a los paraísos fiscales de la corrupción. Lo que señaló literalmente es que “una forma de evitar estas corruptelas, es evitar los paraísos fiscales (…) para que ningún funcionario público pueda tener cuentas, dinero, capitales, empresas en paraísos fiscales”. Estas declaraciones, emitidas en el Enlace Ciudadano del 22 de octubre de 2016, en Celica, provincia de Loja, son constancia de que enfrentamos con fuerza y sin concesiones la corrupción.

A nivel nacional e internacional, el Gobierno de la Revolución Ciudadana impulsa un Pacto Ético en contra de los paraísos fiscales.

El objetivo, promover que ningún funcionario público o empresario privado mantengan cuentas o recursos fuera del alcance de los mecanismos de control y regulación. Esto, un hecho inédito en el país y que se complementa en la iniciativa de una consulta popular al pueblo ecuatoriano.

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El Gobierno encabezado por el señor Presidente, Rafael Correa, rechaza todo acto de inmoralidad y antiética. Cualquier funcionario o exfuncionario que esté involucrado en actos de coima, cohecho o delitos similares tendrá que responder ante la justicia. Para lograrlo se llegará hasta las últimas consecuencias y se aplicará todo el rigor de la ley, como actualmente se hace en el caso de Petroecuador. Muestra de ello es que están emitidas las órdenes de prisión e incautación contra todos los responsables. No permitiremos que este caso quede en la impunidad.

Es conveniente señalar que el cambio de época que vive el Ecuador es histórico y, contrariamente al contexto que busca recrear el diario, su proceder es coherente con la transparencia y la honestidad. Los decretos para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas establecen que no se podrán hacer contrataciones directas. Textualmente señalan “esta declaratoria de excepción no habilita la contratación por emergencia”. Esto pese a que desde 1978 existía la posibilidad de que los gerentes de Petroecuador hicieran contratación directa por montos inferiores al millón de dólares.

Ante lo expuesto y en pleno uso del derecho a la rectificación, espero su respuesta dentro del tiempo y espacio establecido en la normativa que me ampara, no solo para beneficio de sus lectores sino también para asegurar el derecho ciudadano de recibir información de calidad basada en hechos certeros y verificados. (I)