Fernando Vega: Se ha tejido un espacio propicio para la corrupción y la opacidad

A ocho años de vigencia de la Constitución, el padre Fernando Vega, quien fue asambleísta constituyente por Alianza PAÍS (AP), considera que la estructura de poder de la Revolución Ciudadana impidió una verdadera lucha contra la corrupción.

¿Cómo evalúa al sistema institucional que se creó en Montecristi para combatir la corrupción?
La Constitución fue un pacto por una nueva forma de convivencia. Pero ese sueño compartido fue secuestrado, interpretado y utilizado por el proyecto personal del presidente Rafael Correa y de su círculo íntimo. Nuestras intenciones (en Montecristi) eran fortalecer la Comisión Cívica que existía en aquel entonces, pero el tema fue llevado a otra mesa, donde se desarrolló el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

¿Qué ventajas tenía una comisión cívica?
La idea (de Montecristi) era fortalecer una comisión independiente, formada por la sociedad civil, pero lo que se ha ido tejiendo es un dispositivo de leyes, normas, reglamentos, políticas, instituciones, etc., que facilitan o crean un espacio propicio para la corrupción y para la opacidad, que impiden un real control ciudadano, más todavía con la metida de la mano en la justicia. Yo soy parte de la Comisión Anticorrupción y todas nuestras denuncias son archivadas y provocan un contraataque gubernamental para declararlas maliciosas y temerarias. Así empieza la persecución en un Estado con mecanismos que promueven la impunidad.

Entonces, ¿la Función de Transparencia no sirvió?
En absoluto. El Consejo solo ha servido para colocar en las demás funciones a los secretarios de la Presidencia y a los funcionarios cercanos al régimen.

¿Cómo ve los casos de Pedro Delgado y Carlos Pareja, además de once funcionarios vinculados a hidrocarburos que están fuera del país?
No ha habido la voluntad de perseguir ni de castigar. Si se analizan los casos, hay un modus operandi: el Gobierno, el presidente, el ministro... no saben nada; sin embargo, los delitos están ahí. Después, con el pretexto de que nadie puede ser acusado sin pruebas, el propio presidente sale a defender a quienes aparecen como sospechosos. Dice que los conoce y que son muy buenas personas. Luego, cuando ya revienta todo y las personas huyen, el presidente da el permiso para investigar y entonces viene el discurso de que han sido unos traidores.

¿Qué queda por hacer?
El próximo Gobierno tendrá que afrontar, investigar y sancionar. La lucha contra la corrupción está enterita y pasa primero por recuperar el Estado de derecho, democrático, con división de poderes; eso es fundamental. Si no se descorreízan las funciones del Estado, no habrá forma de hacerlo. Y si el próximo Gobierno no tiene una mayoría parlamentaria, estará atado de pies y manos a una estructura perversa. (I)

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