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612 inmigrantes se querellan en España contra empresa de paquetería

Un total de 612 inmigrantes perjudicados por la presunta estafa de la empresa de paquetería OGC presentarán en los próximos días una querella conjunta ante la Audiencia Nacional de España. El anuncio lo hizo este viernes el embajador de Ecuador, Miguel Calahorrano, acompañado por la viceministra de Movilidad Humana, Esther Cuesta, que participa en Madrid de un taller dirigido a cónsules.

Los afectados por el cierre de la compañía en marzo pasado solicitan en la denuncia una indemnización de 1.100.000 euros (1.197.344 dólares), monto al que presumiblemente ascendería el perjuicio causado.

Tras la selección, por parte de la Cancillería, del estudio jurídico Abogados Sin Fronteras del Grupo Sentencia para establecer la estrategia judicial a seguir, se inició un proceso de recolección de las facturas originales de los envíos así como de un poder notarial a favor de los letrados. Solo 412 personas aportaron toda la documentación requerida y las 200 restantes lo harán en estas semanas. La Audiencia Nacional dispone de un plazo de hasta tres meses para pronunciarse sobre si admite o no a trámite la querella por “estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, entre otros delitos”, según explicó Cynthia Favero, responsable del despacho de abogados. “Es importante que no solo se castigue a los responsables sino que los afectados puedan recuperar sus paquetes y pertenencias”, añadió.

Si bien en la comisaría del distrito madrileño de Arganzuela se acumulan denuncias por 3.231 paquetes, el número total de afectados ascendería a alrededor de 5.000 personas, repartidas en otros países europeos y Ecuador.

El lunes pasado, la Policía española empezó a entregar los enseres de los perjudicados que permanecían en dos bodegas intervenidas. En Palma de Mallorca se han devuelto 75 de 79 paquetes. En Madrid, a principios de noviembre, comenzará la entrega de 574 más. Según las investigaciones policiales, existirían presumiblemente otras naves de almacenamiento en Barcelona, Murcia o Zaragoza que aún no han sido intervenidas. (I)

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