La Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Quito declaró el martes último el estado de insolvencia del activista político Fernando Villavicencio, dentro de la demanda de presunción de insolvencia que presentó el presidente de la República, Rafael Correa.

Este proceso se desprende del juicio penal por injurias interpuesto por el Primer Mandatario contra Villavicencio, Carlos Figueroa y el entonces asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez, y por el que se los sentenció a 18 meses de cárcel y a pagar entre los tres una indemnización de $145.000.

En la providencia hecha pública la noche del martes se dispone la ocupación y el depósito de todos los bienes, libros, correspondencia y documentos de Villavicencio. El depositario Luis Arias deberá entregar estos bienes al síndico del concurso Ángel Almeida.

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El juez de la causa ordenó también que se haga saber del estado de insolvencia de Villavicencio al público en general y a los acreedores del demandado.

El demandado critica la declaratoria de insolvencia emitida, pues se habrían realizado algunos depósitos de dinero en la cuenta determinada por el juez de la causa que demostraban la voluntad de pagar. Villavicencio aclara que no tiene bienes que puedan ser embargados y que contra su voluntad él en un máximo de tres días, con el apoyo de amigos y cercanos, cancelará lo que falta para completar los $47.300 de indemnización.

Villavicencio encabezará la lista de asambleístas de CREO, partido liderado por Guillermo Lasso, por la provincia de Pichincha para las próximas elecciones.

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Caupolicán Ochoa, representante legal del presidente Correa en este proceso, negó la existencia de un interés político en la declaratoria de insolvencia. (I)