La Ley de Medicina Prepagada recientemente aprobada por la Asamblea Nacional ha causado gran revuelo, debido a que en ella se establece el reembolso obligatorio de las empresas de medicina prepagada al IESS, por los servicios que esta presta a sus afiliados, que tienen seguros médicos privados.

Si esas compañías aseguradoras se han reservado el derecho de terminar unilateralmente los contratos suscritos con sus clientes, cuando una nueva ley modifique el riesgo del asegurado, estas los dejaran sin efecto, y les propondrán contratar nuevas pólizas, con notables incrementos económicos, lo cual terminará perjudicando a los asegurados.

Según esa ley, si un afiliado que tiene un seguro privado que le cubre el pago de tratamientos médicos hasta por 5.000 dólares, entra por emergencia a ser operado en un hospital del IESS, cuyo costo asciende a 20.000 dólares, el IESS tiene derecho a cobrarle a la compañía de medicina prepagada los primeros 5.000 dólares, en ese ejemplo.

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Pero en el caso opuesto, esto es, si un asegurado por una compañía de medicina prepagada decide ir directamente al hospital privado que él escoja, para operarse de una lesión que termina costándole 20.000 dólares, la aseguradora no puede cobrarle al IESS los 5.000 dólares correspondientes a su cobertura privada. ¿Es esto justo? Recordemos que, en ese ejemplo, el afiliado al IESS está pagando dos seguros médicos.

Cuando se contrata un coaseguro, a la hora de pagar un siniestro, se divide el riesgo proporcionalmente entre las compañías aseguradoras, pero en esta nueva ley no hay proporcionalidad. Lo que hay es “la ley del embudo”.

¿Qué va a pasar si los cientos de miles de asegurados por compañías de medicina prepagada, debido a un notable incremento en el costo de sus pólizas de seguros, en lugar de ir a una clínica privada acuden a los hospitales de la red de salud pública? Temo que, en ese caso, colapsará el sistema de salud estatal.

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Si la red de salud pública es tan buena, ¿por qué, como se ha publicado en la prensa, hay 900.000 personas que tienen contratos con empresas de medicina prepagada, de las cuales un 45% están afiliadas al IESS?

Lo que sí me parece conveniente es que, mediante ley, se prohíba a las aseguradoras que discriminen a los adultos mayores, solo por su edad. (O)

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Miguel Macías Carmigniani, abogado, Guayaquil