El Código de Ingenios, aprobado por el Pleno de la Asamblea el pasado martes, contó con la asesoría de técnicos de la Unión Europea (UE), del Ministerio de Comercio Exterior y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en una coordinación que tomó cerca de ocho meses, por lo que en el oficialismo no existen dudas de que existe consonancia entre esta norma y el Acuerdo Comercial que en los próximos meses firmará Ecuador.

“Nosotros trabajamos eso con técnicos de la Unión Europea para no estar nosotros en contra, en su momento, de lo que tiene la Unión Europea y de lo que dice nuestro Código, por lo tanto, no va a haber ningún problema porque se ha reunido y hablado con todos los actores”, dijo Raúl Abad (AP), presidente de la Mesa de Educación, y destacó el respeto del oficialismo por las adhesiones a los tratados internacionales.

De ahí que la primera disposición general de la norma ratifica esta supremacía legal: “Para la aplicación de las disposiciones de este Código se atenderá lo establecido en el artículo 425 de la Constitución, así como los tratados internacionales suscritos por el Ecuador”.

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José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, indicó que de la información que recibieron del Ministerio, las observaciones que hacía la UE por haber ‘supuestamente’ contradicciones con acuerdos y ciertos temas de propiedad intelectual ya constan en el Código.

La primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado (AP), manifestó que se trabajó en el Código de Ingenios sabiendo que se está negociando un acuerdo con la UE. Pero al mismo tiempo, “este Código significa un paso de protección para todo lo que significa propiedad intelectual con respecto a la ley vigente”.

“La actual Ley de Propiedad Intelectual ha permitido que más del 98% de los registros y las patentes sean únicamente de producciones extranjeras, en cambio, ahora en el Código hay una protección a todo lo que significa producción e innovación nacional”, agregó.

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Desde la oposición, Wilson Chicaiza (CREO) coincidió en la percepción de que no habría problemas con el acuerdo.

Chicaiza señaló que, aunque hubiese temas que afectasen el tratado, el oficialismo salvaguardó esto incluyendo la disposición para que prevalezca el instrumento internacional.

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Dentro del Código, el Libro III plantea un nuevo modelo de gestión del conocimiento que reemplaza la actual Ley de Propiedad Intelectual.

Según el informe adjuntado al articulado aprobado, este nuevo modelo desarrolla la pluralidad de formas de propiedad consagradas en la Constitución y brinda un equilibrio entre los derechos de los titulares de propiedad intelectual, sean estos creadores o comerciantes y los usuarios, competidores y ciudadanos. (I)