Por: David Cantero Pérez

Hasta la guerra tiene reglas. O eso creímos siempre. Sin embargo, durante el último año y medio, los ataques contra estructuras médicas se han convertido en una práctica mortífera y habitual en muchos de los países en conflicto en los que trabaja Médicos Sin Fronteras (MSF).

Hospitales, personal sanitario y pacientes han sido arrastrados hasta formar parte del campo de batalla, impidiéndonos, como organización humanitaria, llevar a cabo nuestra labor principal de prestar atención médica y salvar vidas.

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Este mes de octubre se cumple un año del brutal ataque a nuestro centro de trauma en Kunduz, Afganistán. 42 personas perdieron la vida entre pacientes, niños, cuidadores y personal de MSF, y cientos de miles de personas quedaron sin la atención quirúrgica que tanto se necesita en esta región. Pero desafortunadamente, no fue el único incidente. En 2015, 75 hospitales manejados o apoyados por MSF en Siria, Yemen, Afganistán, Ucrania y Sudán fueron atacados. Y en lo que va de este año ya sufrimos otros 34 en Siria y Yemen. Estos ataques están haciendo, literalmente, la vida imposible.

Los Convenios de Ginebra, cuyo propósito es limitar los efectos de la guerra protegiendo a los civiles –incluyendo pacientes, personal médico y estructuras sanitarias–, no son para nosotros un marco jurídico abstracto. Para nuestros equipos en terreno que están en la primera línea y para nuestros pacientes, marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Estos protocolos deberían haber sido suficientes para proteger a colegas como Abdul Kareem al Hakeemi, Lal Mohamed, Nasir Ahmad, Absul Salam; todos compañeros –médicos, enfermeros, limpiadores, guardias, farmacéuticos–, que perdieron su vida en ataques intencionados a hospitales en países como Yemen y Afganistán. Es incuestionable que el personal de salud debe poder prestar atención médica a todos aquellos que lo requieran, tanto a la población civil como a los integrantes de los bandos en conflicto, independientemente de su pertenencia política, ideológica o religiosa.

Si permitimos que estos ataques se normalicen y no se rindan cuentas por ello, entonces estamos dando un cheque en blanco a todas las partes beligerantes. Si bien la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada de forma unánime en mayo pasado, se presenta como una nueva oportunidad para reforzar la protección de hospitales y civiles en zonas de guerra, a la fecha nada parece estar haciéndose para evitar que personal médico y pacientes se conviertan en objetivos. Sin una acción decidida, estos gestos públicos no tienen ningún sentido para las víctimas.

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Desde MSF continuaremos denunciando estas violaciones flagrantes del Derecho Internacional Humanitario con la legitimidad que nos otorga el testimonio directo de nuestros médicos en el terreno. No dejaremos de solicitar investigaciones independientes que determinen las responsabilidades en cada uno de estos ataques. Porque pedir o dar asistencia sanitaria no debería ser una sentencia de muerte en ningún lugar del mundo. (O)

Al día de hoy, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, bien de manera directa o indirecta a través de las coaliciones a las que apoyan, han atacado estructuras médicas apoyadas por nuestra organización. Esto es inadmisible.

* Director de la Oficina Regional de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Buenos Aires.